Llevamos un año de incremento de precios en la energía eléctrica que supera cualquier previsión catastrofista o conspiranoica. El problema es que teniendo un gobierno autodenominado de izquierdas parece que está atado de manos y pies a la hora de solucionar el problema y gira la mirada hacia la UE, autojustificando su incompetencia, esperando que le solvente la papeleta, cosa que no pasará.
Mientras tanto las compañías eléctricas no paran de incrementar sus beneficios millonarios con una abultada nomina de expolíticos entre sus consejeros.
El Gobierno que siempre es tan remiso a reducir el IVA de según que productos si no se lo autoriza la UE (una mentira oportunista…) decide reducirlo al 10% en las eléctricas hasta fin de año, con ciertas condiciones que no resuelven el problema de la clase trabajadora española.
Ministras y ministros se enzarzan en disquisiciones evasivas sobre como resolver el problema sin aportar en realidad ninguna solución. Es como la canción de Serrat “Algo personal” cuando al final se declaran dispuestos a establecer un marco previo que garantice las premisas mínimas que contribuyan a crear los resortes que impulsen un punto de partida… ¡Paja! ¡Humo!
¿Pero cual es el problema del precio de la electricidad? El mercado eléctrico, eso que no existe. La aparente “necesidad” de privatizar la producción eléctrica justificó la creación de un ficticio mercado en el que los consumidores finales no tenemos nada que decidir y para darnos algo de subjetiva presencia se crearon comercializadoras que nos marean día tras día vendiéndonos la moto de conseguir un ahorro que nunca llega.
Para redondear la cosa inventaron una subasta en la que da igual los precios ofrecidos, todo se paga al más caro. Imaginen los pingües beneficios que obtiene el oligopolio eléctrico, dada su capacidad para ofertar el último paquete con el precio más caro.
Lo último es la milonga de las horas valle, llano y punta, como si el frío o el calor pudiéramos elegir cuando combatirlo. Discutir sobre quien pone la lavadora y a qué hora no deja de ser un debate para el despiste.
En este país se han privatizado empresas vendiendo la moto de que la competencia generaría mejores servicios y precios a la baja y lo cierto es que las expectativas no se han cumplido. Podríamos hablar de otros sectores como el de las comunicaciones, pero hoy toca el de la luz. La realidad es que la competencia es ficticia. Donde vivas te toca un suministrador y punto. Para contentarte puedes contratarlo con la competencia, pero el suministrador no cambia. Y los servicios, como no puede ser de otra manera, no varían.
Antes de iniciar esta escalada de precios nos anunciaban que los costes de la transición ecológica implicarían nuevas inversiones que deberíamos pagar entre todos con forma de impuesto. Si las inversiones las hace el estado con dinero publico ¿que sentido tiene que mantengamos un oligopolio privado que no pone límites a sus beneficios?
¿Que sentido tiene crear un ficticio mercado? Ciertamente han surgido empresas comercializadoras que pretenden un bocado del pastel y han creado un empleo bastante precarizado que nos mantiene entretenidos comparando precios y aguantando llamadas innecesarias a horas indebidas, para nosotros y para los trabajadores. Todo eso supone un incremento de costes y por supuesto de precios dado que todas pretenden obtener beneficios.
La opción privatizadora que tomaron tanto los gobiernos del PSOE como los del PP, ¿es la correcta para España? ¿Es la obligada en la UE? Parece que no, que aquí se copió a Thatcher, mientras los grandes de Europa, como Francia y Alemania mantienen control público sobre sus grandes empresas estratégicas de energía, automoción y comunicaciones.
¿Qué hacer?
Lo primero, eliminar el sistema de subastas, limitar por ley el reparto de beneficios de las compañías eléctricas -también los salarios de sus directivos y de los del operador del sistema eléctrico (Red Eléctrica Corporación) participada por el SEPI en un 20%-, establecer precios regulados en las diferentes franjas de consumo y en función de consumidor final, modificar e incluso eliminar el falso mercado eléctrico…
No soy un experto en el tema, es evidente, pero marear la perdiz sin entrar a resolver el problema es estafar a los ciudadanos. La electricidad no puede ser una mercancía más. Es un servicio público y se ha de regir por criterios de beneficio social, no privado. Si se mantiene la propiedad privada es imprescindible que la participación del estado en el accionariado de esas sociedades sea lo suficientemente importante para que la orientación al bien común de su operativa esté garantizada.
Es un giro copernicano a lo realizado hasta ahora, lo sé, pero empezamos a decirlo ya o nunca será realizable.
