La nueva consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, ha anunciado la modificación de la ley de fomento de energías renovables de 2019. Haciendo abstracción que desde 2019 casi no se han aprobado nuevos proyectos, la noticia ahora es que los criterios de desarrollo de proyectos eólicos y solares serán todavía más restrictivos, con lo que entramos de hecho, en una nueva moratoria, que dará la puntilla definitiva a muchos proyectos, algunos ya tramitados y en espera de evaluación y otros incluso calificados como viables (una minoría). El resultado es que de los 522 proyectos presentados, sólo 4 (¡¡el 0,2%!!) están en información pública, y por tanto, en la antesala de su despliegue.
Si se llevaba un gran retraso y se venía de una moratoria de 10 años, este nuevo colapso, provocará un efecto colateral en el que ahora no entraremos (no disminuir la energía fósil y retrasar el cierre de las nucleares) .
Una de las condiciones que se exigirán a los nuevos proyectos a partir de ahora, pero también a los que están a la cola desde hace meses, es que tengan el acuerdo previo de los propietarios de los terrenos y de los ayuntamientos. ¿Alguien se cree que con la cultura local «NIMBY» (No al lado de mi casa), algún propietario (puede ser, pero con la presión local que tendrá, lo dudamos) o algún ayuntamiento (con mayor razón, pues acogerá muy bien la «legitima reivindicación y rechazo de sus conciudadanos» para no perder votos) estarán facultados para decidir con criterios objetivos de coste-beneficio para toda la sociedad catalana y por tanto con criterios de solidaridad territorial, la instalación de parques eólicos y solares? Más aún, en relación a la eólica ¿alguien cree que habrá objetividad, si son lugares donde sopla el viento y más si es tramontana? Recordemos que en el Empordà no hay ni un aerogenerador. Es evidente que el mapa eólico de Cataluña queda en nada y que de hecho se está estimulando una autarquía o anarquía local, para satisfacer a las diferentes parroquias locales «NIMBY».
Otra nueva línea que se quiere desplegar para contribuir al fomento de las energías renovables son las llamadas «comunidades energéticas locales», con participación de vecindario y ayuntamiento. En teoría sobre el papel es muy bonito, pero no estamos en Alemania, Holanda o Dinamarca. ¿Alguien se cree que si ni siquiera hay cultura comunitaria o cooperativa para que las comunidades de vecinos puedan ser actores ambientales, lo serán las comunidades energéticas, donde se tendrán que poner de acuerdo muchas partes, con consumos diferentes, con casuísticas legales contrapuestas?
Queda muy bien enunciarlo como reclamo político populista, pero la realidad será muy amarga cuando en la realidad afloren las inercias individualistas y liberales propias de la sociedad catalana, más acentuadas aún en el Empordà, por una cultura de autónomos y/o anarco-liberal, muy alejada del federalismo de los años 20 del siglo pasado o del anarcosindicalismo de los años 30-40. El varapalo será fenomenal.
Es realmente inaudito, como la CUP, contagiada (?) por algunas entidades conservacionistas con mucha influencia en alguna comarca, está sacando rédito al NYMBY, a la vez arrastrando a ERC, que es evidente que no tiene un proyecto de país al respecto y de rebote poniendo contra la pared a los pocos que en Junts aún defendían alguna postura razonable gracias al trabajo de Damià Calvet, hasta ahora consejero de Territorio y Sostenibilidad. Conste que lo que decimos lo fundamentamos con criterios técnicos, no de simpatías políticas.
En este sentido, podríamos decir a la inversa: ¿dónde está la oposición del PSC y Comunes, frente esta verdadera tontería ambiental, que deja a los pies de los caballos del lobby fósil y nuclear, el no desarrollo de las renovables? ¡¡¡Inaudito!!!
La interpretación que hacemos no es gratuita, es que la misma CUP se jacta de haber conseguido este gran logro. Vemos las declaraciones recogidas en la prensa del 2 de julio, donde se afirma que «el 99,8% de los proyectos eólicos y solares han sido parados fruto del informe jurídico presentado por la CUP». Una afirmación matizada por la consejera de Acción Climática diciendo que en realidad ha sido una decisión política y no jurídica, la que ha llevado a la modificación de la ley.
Sea como sea, mientras se pasan la pelota de la medalla, Cataluña se acerca progresivamente al colapso en renovables.
