La nueva directora del área social, Ana Aznar, ha bloqueado y cerrado el paso a los empleados y ejecutivos de la Confederación Mundial de Peñas del FC Barcelona cuando, este jueves, se disponían a cumplir su jornada de trabajo y de servicio a la Confederación. Además del personal contratado por la Confederación, a dos miembros del Consejo de Peñas, Vicenç Notari y Josep Antoni Martin, se les prohibió la entrada. De este hecho se extendió acta notarial por parte del colectivo de Peñas, previendo que la directiva de Laporta ejecutara el ultimátum que había anunciado vía burofax poniendo como límite el día de ayer para que los peñistas, como han ejercido su derecho desde hace seis años, fueran expulsados de las instalaciones.
El club, en su línea de disolver la organización a base de estrangularla económicamente, envió días atrás un burofax en el que se comunicaba a sus responsables, ocupantes y trabajadores que, en aplicación de la suspensión unilateral del convenio suscrito entre ambas asociaciones, tenían que abandonar las instalaciones y dejar de ejercer sus funciones.
La réplica de la Confederación la recibió el club en forma de documentación legal de la mano de su abogado, Josep Maria Coronas, negando la aceptación de esta orden y defendiendo la vigencia y fuerza del convenio que contempla el uso de determinadas instalaciones, así como el trabajo de sus ejecutivos y empleados y una financiación acordada con el FC Barcelona que la junta de Joan Laporta ahora ha cortado, con el fin último de paralizar su actividad.
En esta respuesta de la Confederación Mundial también se añadía, como mensaje e intención del colectivo, su plena predisposición a dialogar, negociar y afrontar aquellos cambios que la directiva de Joan Laporta, a través de sus responsables del área social, quiera sugerir. La postura de la Confederación es, por tanto, muy clara y definida. Por un lado, no piensa moverse un milímetro de su exigencia sobre el cumplimiento del actual convenio que regula su relación y, por otra, reafirma su abierta y sincera voluntad de diálogo.
Un margen de actuación que, sin embargo, termina donde empieza la aún más determinada e inamovible posición de la junta de Laporta de reducir a un protagonismo folclórico el papel las Peñas, renegar de su enorme organización y poder social -que agrupa más de 166.000 peñistas desplegados por todo el mundo- y de no mantener ningún compromiso que obligue a la directiva a reservarle entradas para los partidos ni para las finales, y mucho menos a vincularse y comprometerse a participar en sus actos. La directiva de Joan Laporta no quiere dedicar un solo minuto de su estancia en el club a las Peñas, delegando su presencia institucional en personajes de sospechosa relación con miembros de la junta, un régimen de favoritismo personal.
El caso más claro es el de Rosendo Romero, un peñista repudiado por un gran sector de su Federación, la de Andalucía, Ceuta y Melilla, que, a base de invitar a comer marisco a Joan Laporta, se ha ganado este papel de representante, grotesco, de la junta en Andalucía. Supone, significativamente, lo contrario de este esfuerzo por democratizar un movimiento social que ha significado en Cataluña, en el resto del Estado y en el ámbito internacional la expansión social del FC Barcelona como un club universal, tolerante, abierto, sensible, cercano, solidario y capaz de hacer un trabajo de divulgación y difusión de sus valores en el territorio.
En definitiva, contra el hacha de guerra desenterrada por la junta directiva, agresiva y sin marcha atrás, las Peñas mantienen un tono conciliador y amistoso, dialogante, pero también firme en la defensa de este estatus que se sustenta, también, en un soporte estatutario incuestionable. Nada que conmueva o sugiera que la junta de Laporta pueda cambiar su clara ofensiva a relegar las Peñas a la mínima expresión posible. Todo lo contrario de lo que les prometió en campaña, claro.
