Un profesor pedía por Twitter que alguien escribiera «defendiendo y poniendo en valor el papel, la función y el esfuerzo de los que trabajan en la escuela pública». Y eso intentaré hacer. No porque alguien lo pida sino porque, de verdad, creo que se lo merecen. Y también porque, cada vez más, el discurso oficial intenta desprestigiar su trabajo, tal y como explica otro docente: «Cada día más chicas de mi entorno quieren estudiar magisterio ‘porque es una carrera fácil y se trabaja poco’».
Los trabajadores y trabajadoras de la educación pública son fundamentales para la buena marcha de una sociedad, ellos y ellas cuidan de niños y jóvenes, hacen posible la socialización entre iguales, atienden a todo el alumnado, venga de donde venga y tenga la cultura que tenga, ofrecen un espacio de igualdad (el aula, el patio, los recursos, los conocimientos, etc.) en una sociedad totalmente desigual, enseñan valores, normas y conocimientos, y preparan a los chicos y chicas para enfrentarse a su futuro (personal, profesional, social).
Parece que estos personajes deberían ser valorados, recompensados y tenidos muy en cuenta. Parece ser que la administración, que es la responsable de la educación pública, debería facilitar al máximo su tarea. Parece que un espacio donde todos los chicos y chicas, o sea, todos nuestros hijos e hijas, se pasan como mínimo 16 años debería ser un espacio privilegiado, mimado y prioritario.
Pero, desgraciadamente, no es así.
De entrada, la escuela pública está infravalorada y despreciada. En un sistema de doble red, donde las familias con más recursos pueden llevar a sus hijos e hijas a centros «privados» (¡¡pero que funcionan con dinero público!!), donde no pueden acceder los que tienen menos recursos, la valoración de la educación pública queda relegada. A pesar de que todos los indicadores dicen que, en condiciones familiares socioeconómicas similares, los resultados escolares de la pública son iguales o mejores que los de la privada-concertada, el «discurso» es que la privada siempre es mejor.
Y esto nos lleva al segundo obstáculo para el profesorado de la educación pública: la segregación escolar. La concentración de alumnado con dificultades, sociales, económicas, culturales y/o personales en unos centros determinados (siempre públicos) hace que la docencia, ya de por sí complicada, lo sea mucho más. En unos momentos donde la desigualdad aumenta y en los que nos dicen que «la pobreza infantil ha crecido un 33% en Cataluña debido a la Covid-19», la repercusión de esta pobreza cae exclusivamente sobre la educación pública y su profesorado.
Y ante ello, la Administración no ha hecho nada para aumentar los recursos de los centros públicos ni para poner todo el profesorado necesario para atender a todo el alumnado y a todas las dificultades. Por el contrario, todas sabemos cómo aún no se han ni siquiera revertido los recortes de la anterior crisis, todas sabemos cómo se han deteriorado las condiciones de trabajo del profesorado, más horas, más alumnos por aula, más precariedad…
Pero, ya no es solamente la falta de recursos, es también la falta de respeto a su trabajo y a sus propuestas. A partir del Decreto de Direcciones y del Decreto de Plantillas, que da más poder a las direcciones para decidir proyectos y metodologías y para decidir puestos de trabajo, el trabajo del profesorado, sus iniciativas, sus propuestas, sus metodologías, han quedado arrinconadas. La democracia y la participación en la gestión de los centros cada vez es más escasa y los claustros cada vez tienen menos vida y menos debate.
Finalmente, la «nueva innovación educativa», no hace más que devaluar y despreciar la función del profesorado. Según los nuevos «gurús» educativos, la educación actual está totalmente desfasada y hay que «transformarla para adaptarla a la sociedad del siglo XXI». La memoria, la transmisión de conocimientos, el pensamiento crítico, el esfuerzo y el estudio quedan sustituidos por una serie de propuestas, teóricamente pedagógicas e innovadoras, provenientes del mundo de la empresa y no de la docencia, que se están imponiendo a base de leyes y recomendaciones. Todo ello hace que el profesorado deje de ser transmisor de conocimiento y referente de su alumnado para convertirse en un simple «acompañante» o coach.
Todo ello, además, repercute en el alumnado, ya que aumenta las desigualdades y perjudica precisamente a los más desfavorecidos socialmente, a quienes se les niega el acceso a los contenidos culturales a partir de los cuales podrían comprender y poner en cuestión las causas políticas y económicas que los llevan a su situación. El conocimiento acabará siendo exclusivo de aquellos que puedan pagarlo, aumentando la ya acentuada desigualdad y disminuyendo las posibilidades de ascenso social.
En definitiva, si queremos salvar una educación pública que no consolide las desigualdades sociales y que dé al alumnado los conocimientos y valores necesarios para su emancipación personal y social, tenemos que recuperar el valor del profesorado. Hay que mejorar, sí, pero hay que hacerlo con recursos, con democracia, sin privatizaciones, con la participación del profesorado y sin imposiciones. Son necesarias unas condiciones dignas para todo el profesorado para que puedan atender al alumnado en toda su diversidad.
Y, es necesario, más que nunca, revalorizar la tarea docente y recuperar el prestigio de las personas que se dedican a educar a nuestros niños y jóvenes.