Multa de 45.000 euros al propietario de un piso y a la inmobiliaria por negarse a alquilarlo a un marroquí

El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado por primera vez en España un caso de discriminación por racismo contra el derecho a la vivienda

Oficina por la No Discriminación
Oficina por la No Discriminación

El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado por primera vez en España al propietario de un piso y a la inmobiliaria que lo comercializa por negarse a alquilárselo a una persona de origen marroquí, Redouane Mehdi. El Consistorio considera que se trata de un caso de discriminación por racismo, una infracción prevista en la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda, y ha expedientado al propietario y a la empresa con una sanción de 45.000 euros.

Los hechos ocurrieron el año pasado, cuando Mehdi encontró un domicilio situado en la Barceloneta que cumplía con sus requisitos y presentó toda la documentación pertinente para poder alquilarlo, demostrando su nivel de solvencia. La inmobiliaria, sin embargo, no respondió su petición ni las diversas llamadas que les hizo, y después de que la víctima enviara un correo preguntando «si no querían alquilarme el piso por una cuestión de racismo», según relata, la agencia le comunicó que se había elegido otra candidatura.

Mehdi no quedó conforme con la respuesta de la inmobiliaria, así que una persona de su entorno que no es de origen marroquí se interesó por el mismo piso y contactó con la empresa. Esta vez, la agencia sí se mostró dispuesta a alquilárselo. «Él es argentino, pero en cuanto a los requisitos tenía lo mismo que yo. La diferencia es que era un hombre blanco con apellido europeo«, asegura la víctima. Mehdi decidió trasladar el caso a la Oficina por la No Discriminación (OND), que lo analizó junto con la Unidad de Disciplina y Antiacoso del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB), encargada del proceso administrativo y del posterior expediente sancionador, el cual la propiedad y la inmobiliaria todavía pueden recorrer en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Durante el primer semestre de 2021, la OND ha abierto 13 expedientes de vulneración del derecho a la vivienda, una cifra superior al mismo periodo en 2020, en el que se abrieron 9, y del 2019, cuando fueron 5.

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