Entre un sector de los aficionados del FC Barcelona no ha sentado nada bien, al contrario, el lacónico comunicado oficial del cierre extrajudicial y amistoso de los litigios laborales y civiles abiertos con el ex-jugador Neymar da Silva Santos.
Especialmente, los altos cargos, ejecutivos, directivos y asesores legales de la junta de Josep Maria Bartomeu consideran un hecho absolutamente injustificado y reprobable perdonar a Neymar por dos razones: por su plantón deportivo para irse al PSG y por su denuncia posterior al FC Barcelona exigiendo además una prima de renovación de más de 40 millones de euros.
La principal razón de este malestar es que bajo esta decisión subyace la excelente, y acaso sospechosa, relación entre Joan Laporta y Pinhas ‘Pini’ Zahavi, agente de jugadores con el que había compartido una sociedad con intereses en los negocios del fútbol con sede en Malta. Al menos hasta poco antes de consumarse el traspaso en verano de 2017, según una información sobre la empresa BMVP Limited, formando parte de los 13,4 millones de documentos de los Paradise Papers, una filtración conseguida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que publicaron El Confidencial y La Sexta en España y medios como The New York Times y The Guardian en el resto del mundo.
De acuerdo con esta información, BMVP Limited es una mercantil inscrita en el registro de la isla de Malta el 8 de febrero de 2016 por Altima Malta Limited, una ‘boutique’ legal especializada en la creación de estructuras societarias, suministro de testaferros y obtención de estatus impositivos especiales. Malta está considerado un paraíso fiscal por la OCDE, aunque no por la Unión Europea. Con todo, Bruselas ha abierto investigaciones contra el país por su laxitud aplicando el IVA. Además, su Registro Mercantil no permite rastrear el nombre de los titulares reales de las sociedades, facilitando así su ocultación.
El objeto de la mercantil era “gestionar una escuela virtual que provea lecciones deportivas ‘online’ a través de fotografías de entrenamientos, así como de aplicaciones tecnológicas”; “adquirir y disponer de propiedades muebles e inmuebles”; “invertir, alquilar, ceder activos”; “conceder préstamos y facilidades crediticias”, y “cerrar acuerdos en relación con el negocio de la compañía”, entre otros campos.
La empresa se constituyó con un capital de 1.500 dólares repartido en 10.000 acciones de las que Laporta controlaba 500. Como dirección, dejó un piso situado en la avenida Diagonal de Barcelona. Por su parte, Zahavi, con domicilio en Gibraltar, se quedó con 330 participaciones.
El hecho de que Pini Zahavi hubiera participado activamente en la fuga de Neymar al PSG en su momento se ha interpretado como el motivo por el que Laporta y él se separaron societariamente poco antes de consumarse el traspaso. La buena relación mantenida entre ambos se ha ratificado en los muchos intereses expresados por el Barça de Laporta en buscar patrocinadores y negocios en Israel, donde estuvo recientemente, en principio para cerrar acuerdos y presidir un partido de los equipos Legends del Barça y del Real Madrid.
A su regreso no se ha anunciado ningún nuevo espónsor ni patrocinador, pero sí que se han eliminado los conflictos legales con Neymar que, al decir de los juristas especializados, favorecen claramente los intereses del jugador y no tanto, por no decir que perjudican, los del FC Barcelona.
Los tres conflictos abiertos se produjeron a raíz de que el futbolista, a través del PSG, hiciera uso de la cláusula de rescisión para fichar por el PSG en plena pretemporada, exactamente el 4 de agosto de 2017.
Inmediatamente estalló una guerra legal en la que se cruzaron cuatro pleitos, tres en el ámbito laboral y uno por la vía civil, este último derivado del impago de lo que se podría calificar un ‘premio’ por haber ampliado su contrato con el FC Barcelona, una especie de bonus pactado con motivo de su reciente ampliación de contrato.
Como el pago de ese bonus se había diferido, el FC Barcelona dejó de hacer efectivo el abono lo que produjo, en reacción, una demanda civil del jugador contra el FC Barcelona por 43 millones de euros. En primera instancia el FC Barcelona había conseguido una sentencia desestimatoria defendiendo que si el jugador había dejado de cumplir el contrato no tenía sentido pagarle por haber firmado un contrato de renovación. El recurso en la Audiencia Provincial estaba ahora pendiente de sentencia.
En la vía laboral el FC Barcelona le reclama más de 16 millones por cobros correspondientes a la temporada en la que dejó al equipo tirado, en principio con buenas expectativas cobro.
La nota del club no aclara si además en la transacción citada existen contraprestaciones económicas entre una y otra parte.
