Más líos en la Federación Catalana de Fútbol (FCF), la entidad que preside Joan Soteras, exdirectivo del CE Sabadell. La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) acaba de imponer al ente federativo una sanción de 876.827,67 euros por una «infracción muy grave» al artículo 2 de la Ley de defensa de la competencia.
El multazo es consecuencia de la denuncia presentada, en 2019, por la Unión Catalana de Centros Médicos Psicotécnicos (Uniccemp) contra la FCF por «abuso de posición dominante». Después de la investigación realizada, la ACCO ha dado la razón a los demandantes y ha resuelto el expediente incoado con la imposición de esta sanción a la federación.
Desde el año 2013, los dirigentes de la FCF exigen que los centros que expiden los certificados de aptitud médica, imprescindibles para dar la licencia de jugador federado que permite participar en las competiciones deportivas, firmen un convenio y paguen un peaje. De los 262 centros médicos que están autorizados por la Generalitat para emitir estos certificados de aptitud deportiva, hay 168 que han acabado firmando el convenio que les exige la FCF.
Hay mucho dinero en juego, si tenemos en cuenta que el número de jugadores federados en Cataluña para la práctica del fútbol era, en 2019, de 182.273, y que estos certificados médicos se tienen que renovar cada dos años. En la actualidad, la FCF exige el pago de una cuota anual de 250 euros (más IVA) a cada centro que se ha visto obligado a firmar el convenio y 5 euros (más IVA) por cada certificado médico emitido.
Según cálculos de la ACCO, este peaje ha reportado a las arcas de la FCF más de 2 millones de euros desde que fue implantado. Cabe señalar que la federación catalana es la única de todo el Estado que mantiene este sistema de pago por los certificados médicos.
La excusa que dan los directivos de la FCF para exigir este peaje es que se utiliza para amortizar la inversión y cubrir los gastos de mantenimiento de la plataforma informática a través de la cual se reciben los certificados que emiten los centros médicos. Pero el volumen económico de los importes que recauda la federación por este concepto no guarda ninguna proporción con los costes reales estimados de esta aplicación.
Además, las cuotas que se exigen en los centros médicos no han parado de aumentar durante los últimos siete años. El año 2013, los centros médicos pagaban 150 euros anuales y 2 euros por cada certificado de aptitud.
La ACCO es muy dura en su valoración y resolución del expediente contra la FCF. Considera que la obligación de hacer firmar un convenio a los centros médicos y hacerles pagar para comunicar los certificados de aptitud es un «abuso» totalmente ilegal que discrimina al resto de centros homologados por la Generalitat. Al considerar que se trata de una «infracción muy grave», le impone la sanción máxima, en base al 10% del volumen de ingresos de la federación. También insta a la entidad que preside Joan Soteras a abandonar esta práctica de cobrar peaje a los centros médicos y a los federados.
