El Consejo de Ministros aprueba la Ley de Memoria que puede ilegalizar la Fundación Franco

La redefinición de la apología de la dictadura y de la condición de víctima, claves del anteproyecto que llegará al Congreso

Valle de los Caídos
Valle de los Caídos

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la Ley de Memoria Democrática con una fórmula que puede propiciar la ilegalización de la Fundación Francisco Franco y de cualquier otra que enaltezca a los dirigentes del franquismo y lo haga con «menosprecio y humillación» de las víctimas del golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura.

La clave reside en la redefinición de la apología de la dictadura y de la condición de víctima. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alertó al gobierno, sobre el punto del anteproyecto que considera contraria al interés general la apología del franquismo, que afectaba al derecho a la libertad ideológica, si no se incluía como requisito adicional la existencia de menosprecio o humillación de las víctimas.

Por este motivo, el proyecto que ahora presenta el Consejo de Ministros para que reciba el visto bueno del Congreso especifica que se entenderá por apología del franquismo el enaltecimiento del golpe de Estado y la dictadura, o de sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la Guerra Civil o del franquismo.

Asimismo, el anteproyecto amplía la condición de víctima del franquismo a los represaliados por la lucha sindical, por actividades de oposición a la dictadura y por formar parte de la Unión Militar Democrática. Según ha adelantado El Periódico, la nueva ley contempla que las víctimas puedan pedir declaraciones de reparación que no tendrán efectos para el reconocimiento de responsabilidades patrimoniales del Estado o de particulares. En concreto, estas declaraciones no darán lugar a reparaciones o indemnizaciones económicas de ningún tipo.

Además, la nueva ley contempla la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, mediante la derogación de un decreto franquista de 1957. Como consecuencia, además de la extinción de la fundación, finalizará el convenio que esta firmó con la Abadía Benedictina de Silos, por lo que el gobierno tendrá que determinar el régimen patrimonial del complejo. De entrada, Patrimonio Nacional asumirá la gestión.

El anteproyecto, por otro lado, también incluye la resignificación del Valle de los Caídos y la inclusión de contenidos sobre memoria democrática en los planes educativos de bachillerato y secundaria.

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