El Tribunal de Cuentas rechaza ampliar el plazo para pagar las fianzas de los líderes del ‘procés’

Los 34 excargos de la Generalitat tienen hasta el próximo miércoles 21 de junio para pagar los 5,4 millones de euros

Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Raül Romeva
Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Raül Romeva

L'exvicepresident Oriol Junqueras amb l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Raül Romeva

El Tribunal de Cuentas ha rechazado conceder a los líderes independentistas implicados en la promoción exterior del proceso independentista una ampliación del plazo para pagar las fianzas. La delegada instructora del caso dio quince días a los acusados ​​para depositar los 5,4 millones de euros que el tribunal reclama, y ​​la semana pasada algunos de los investigados pidieron ampliar un mes el plazo.

La delegada considera a la resolución que el plazo concedido es «razonable y suficiente» de modo que, con la negativa del tribunal para ampliarlo, los líderes del procés disponen sólo de dos días, hasta el miércoles 21 de julio, para abonar la cantidad reclamada.

Una vez se hayan pagado las fianzas, para dirimir si existe o no una responsabilidad contable, se debería presentar una demanda formal que iría seguida del correspondiente procedimiento judicial. La liquidación provisional que ha determinado el Tribunal de Cuentas es, pues, el paso previo al enjuiciamiento de los investigados.

El órgano fiscalizador reclama la cantidad más elevada al secretario general del Diplocat, Albert Royo, que deberá depositar 3.633.253 euros. Al exconsejero Andreu Mas-Colell se le han imputado gastos injustificados por valor de 2.816.315 euros, y al exconsejero Raül Romeva la cifra de 2.104.956 euros.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas deberá abonar la cantidad de 2.771.876 euros y su sucesor, Carles Puigdemont, 1.867.995 euros, mientras que al líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, le reclaman 1.981.456 euros. El informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas considera que durante seis años, entre 2011 y 2017, los responsables del procés gastaron dinero público de manera injustificada y que por ello deben devolverlo.

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