La Sección Séptima de la Audiencia de Barcelona ha decidido archivar la causa abierta contra la Asociación Catalana de Municipios (ACM), una entidad municipalista que estaba siendo investigada por un delito de malversación relacionado con la desviación de fondos públicos para el proceso independentista. Según la resolución a la que ha tenido acceso El País, los magistrados han decidido archivar la causa tras detectar diversas irregularidades en la instrucción.
Los jueces de la Audiencia de Barcelona han cargado contra la investigación que llevaron a cabo tanto la Fiscalía como el juzgado de instrucción número 16 de Barcelona y, tras los recursos presentados por la defensa, han determinado que las pruebas obtenidas en los registros policiales se lograron vulnerando los derechos de los investigados.
Las irregularidades de la Fiscalía y del juez de instrucción
La resolución expone que la fiscal confundió un centro de investigación relacionado con el ámbito de los gobiernos locales y las comunidades autónomas -a quien la ACM hizo pagos como entidad municipalista- con el exmagistrado del Tribunal Constitucional responsable de algunas de las leyes de desconexión que impulsó el gobierno de Carles Puigdemont con motivo del procés. «Causa perplejidad que confunda la Fundación Carles Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos con una asociación, al parecer inexistente, llamada Carles Viver Pi i Sunyer«, señala el auto.
Otra irregularidad que los magistrados identifican es que, en la querella de la Fiscalía, se incluyeron referencias al viaje que la ACM pagó a un centenar de alcaldes catalanes, un caso que ya había sido investigado y posteriormente archivado por falta de indicios. Además, la fiscal pidió información a Hacienda y a otros organismos públicos «prácticamente sin dictar resolución que justificara la necesidad de obtenerla», vulnerando el derecho a la defensa de los investigados.
En cuanto a la actuación del juez de instrucción, la Audiencia de Barcelona considera que el auto que ordenó los registros policiales «no contiene una descripción de los indicios racionales» y que tampoco fijó «los términos y el alcance» de los registros, vulnerando así el derecho a la intimidad de los miembros de la ACM investigados.
El hecho de que la causa se mantuviera bajo secreto de sumario, al margen resolución de la Audiencia de Barcelona que ordenaba el levantamiento del secreto de las actuaciones y la entrega de todo el material a los investigados, se considera especialmente grave por los magistrados, que acusan al juez de no realizar un «control efectivo de la investigación» que llevaban a cabo los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional.
