Ada Colau debe cumplir una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento de Barcelona a colocar en un lugar preferente del salón de plenos el retrato del jefe de Estado, en este caso el rey Felipe VI. Sin embargo, la alcaldesa de Barcelona está mirando cómo puede saltarse esta obligación.
Todo comenzó cuando, en la primera legislatura de Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, retiró el busto de Juan Carlos I. El encargado de hacerlo fue el teniente de alcalde Gerardo Pisarello, con un fuerte despliegue mediático, en julio de 2015, hace seis años.
La Delegación del Gobierno recurrió a las instancias judiciales, que han decretado que el retrato o escultura del jefe del Estado deben tener un lugar preferente en el salón de plenos.
Tras la retirada del busto, el equipo de gobierno de Colau logró que el plenario aprobara un nuevo reglamento de funcionamiento interno que, en su artículo 75.2, dice que «la representación de elementos simbólicos e institucionales presentes con carácter permanente en el salón de sesiones debe responder a la singularidad histórica y de capitalidad de Barcelona, y a los principios democrático, de neutralidad religiosa y de catalanidad».
En cualquier caso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló este acuerdo. El Ayuntamiento lo recurrió y ahora ha sido el Supremo el que ha ratificado la sentencia del TSJC.
Según esta sentencia, la imagen el rey Felipe VI debería tener un lugar principal en el salón de plenos. Pero Colau ha pedido un estudio jurídico para poder cumplir la sentencia sin que el jefe de Estado esté en un lugar preferente.
