El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este miércoles en el Parlamento de Cataluña la creación del nuevo fondo complementario de riesgos para pagar las fianzas que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a los dirigentes del proceso independentista. Aragonès ha asegurado que la medida «de apoyo a trabajadores públicos» es legal y que «otras administraciones» tienen contratadas pólizas similares.
«El Govern tomará las medidas necesarias para dar cobertura a los servidores públicos», ha afirmado el presidente catalán, remarcando que «no hay desplazamiento patrimonial en ningún caso. La cobertura de riesgo es menor de la que tienen aseguradas Galicia o incluso el gobierno del Estado en cuanto a responsabilidad contable. Se garantiza el aval para proteger esta responsabilidad «.
Aragonès ha asegurado que el fondo «protege» a los trabajadores públicos y su «presunción de inocencia», y considera que la medida «no sólo se trata de los casos que hay ahora, sino también de los que puede haber en un futuro». Como el presidente de la Generalitat, el conseller de Economía, Jaume Giró, también ha defendido el fondo definiéndolo como «un instrumento para restablecer el espacio de libertad, para hacer política en Cataluña». Giró ha asegurado que la medida no conlleva ningún delito de malversación y que permitirá ejercer la función pública «sin miedo».
La oposición, sin embargo, -concretamente los partidos de derecha- ha cargado contra el fondo de riesgo. El diputado de Ciudadanos Ignacio Martín ha definido la medida como una «triquiñuela para destinar dinero público en beneficio de quienes hicieron un golpe a la democracia», mientras que el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha acusado al Ejecutivo de «robar» a los catalanes para pagar las fianzas de los «protagonistas del golpe de Estado». Por otra parte, el dirigente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado al Gobierno de buscar la manera de «deshacerse» de la multa.