Mal ambiente en la caja de solidaridad

Los expresidentes del Parlamento catalán De Gispert y Benach se apartan de la iniciativa, afectada por la división entre facciones independentistas y por acusaciones de trato de privilegio

De Gispert y Benach, en 2018, cuando asumieron la gestión de la caja de solidaridad
De Gispert y Benach, en 2018, cuando asumieron la gestión de la caja de solidaridad

Núria de Gispert y Ernest Benach, expresidentes del Parlamento de Cataluña, se han desvinculado de la caja de solidaridad, la iniciativa de apoyo económico a encausados por su papel en el procés, por las tensiones internas entre las facciones independentistas, revela El Confidencial.

Según esta información, De Gispert rompió abruptamente presentando una carta de renuncia y Benach se ha distanciado de la gestión de una iniciativa impulsada inicialmente por las dos grandes entidades del proceso, la ANC y Òmnium Cultural, y que desde hace casi tres años gestiona la Asociación de Fomento de la Caja de Solidaridad. Ambos expresidentes del Parlamento catalán habían asumido la gestión en noviembre de 2018 cuando esta asociación recibió el testigo de las entidades.

Un factor principal del mal ambiente es que se haya destinado una parte principal de los fondos recaudados a los dirigentes políticos del más alto nivel, mientras que no se han cubierto los casos de la mayoría de las 3.000 personas que el independentismo considera «represaliadas». No obstante, El Confidencial pública que también se critica que se ha destinado dinero recibido para cuestiones que no tienen que ver con la defensa en los tribunales, sino con iniciativas de desgaste y resistencia contra el Estado.

En particular, eso sí, esta información destaca como principal factor de tensión las acusaciones a los responsables de la caja de trato privilegiado en casos como el de Jordi Sánchez, cuya defensa El Confidencial cifra en más de 75.000 euros.

En declaraciones al mismo digital, el presidente de la caja de solidaridad, Josep Cruanyes, ha explicado que De Gispert y Benach pidieron «ser relevados de sus cargos» y ha negado que se haya producido ninguna discriminación. En este sentido, argumenta que han ayudado a más de 600 personas y que tienen un centenar de casos pendientes de resolver. Además, niega que en los casos de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart hayan pagado gastos de defensa, que asegura que asumieron la ANC y Òmnium.

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