Cumplir 18 años es una condena para los jóvenes menores no acompañados (MENA) que están bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA) de la Generalitat. Salen del sistema en condiciones muy precarias, sin trabajo y sin recursos económicos. Un hecho que se complica, todavía más, cuando tienen que solicitar la renovación del permiso de residencia. En este momento el sistema judicial los sitúa en el centro de una tormenta perfecta. Según la Asociación Noves Vies, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos, la Oficina de Extranjería de Barcelona está denegando más del 95% de las solicitudes de renovación de permiso de residencia de estos jóvenes porque no tienen recursos económicos propios, puesto que una sentencia del Tribunal Supremo no contempla las ayudas como recursos económicos.
La decisión de no renovación se puede recurrir ante un tribunal, pero para eso necesitas un abogado de oficio que, por ley, le corresponde a todo aquel que no tiene recursos económicos para pagarse uno y en este punto el Departamento de Justicia de la Generalitat deniega, de manera sistemática, el derecho a tener un abogado de oficio a los jóvenes inmigrantes que acaban de salir del sistema, puesto que no pueden confirmar que no disponen de recursos propios, al estar en un limbo legal.
En este punto convergen las dos administraciones para poner todavía más complicado la asistencia a estos jóvenes. No tienen permiso de residencia por qué no tienen recursos económicos, y no pueden argumentar que no tienen recursos económicos por qué no tienen residencia. Un pez que se muerde la cola y que está devorando a estos jóvenes expulsados del sistema, como declara Albert Parés, abogado de Noves Vies: «Nos encontramos con jóvenes, 18 o 19 años que tenían permiso de residencia porque han sido tutelados por la DGAIA, y cuando se encuentran en el proceso de renovación se los deniegan por qué no pueden acreditar medios económicos propios. Tienen derecho a recurrir esta sentencia, pero no lo pueden hacer por qué la Generalitat les deniega el derecho a tener un abogado de oficio, por qué no pueden acreditar que no tienen recursos porque no tienen papeles. Es una vulneración de la tutela judicial». Para Parés la sensación entre los colectivos de defensa de los derechos humanos es que «es una manera de sacárselos de encima, de expulsarlos definitivamente».
Para acabarlo de abonar, técnicamente estos jóvenes están en situación irregular y no tienen papeles, por lo tanto los Mossos y la Policía Nacional les pueden abrir un expediente de expulsión si los cogen. «La situación es muy grave», denuncia Parés «y no somos conscientes de que estamos haciendo una vulneración de un derecho fundamental que es poder recorrer una sentencia. No les damos la oportunidad. Les expulsamos directamente».
