El anuncio del Fondo Complementario de Riesgos, habilitado por el gobierno catalán para ayudar a los ex-altos cargos catalanes afectados por acusaciones del Tribunal de Cuentas a afrontar el pago de fianzas, ha generado una reacción fría por parte del gobierno español.
La ministra y portavoz, María Jesús Montero, ha evitado entrar a juzgar si la creación del fondo puede constituir un delito de malversación o menoscabo de fondos públicos, después de una advertencia en este sentido del Tribunal de Cuentas. De hecho, ha considerado que no le corresponde al gobierno juzgarlo.
Montero ha respondido que no puede opinar sobre la medida aprobada por el gobierno catalán porque no conoce el acuerdo, anunciado este martes al mediodía, más allá del contenido de los titulares de prensa, pero ha asegutado que el gobierno de España «vela por la legalidad existente», por lo que «todas las normas pasan por este filtro de legalidad».
Además, ha añadido que cuando el ejecutivo que preside Pedro Sánchez tenga una opinión sobre el fondo, la difundirá públicamente.