El Govern prevé validar este martes su propuesta para «acompañar» los 34 altos cargos multados por el Tribunal de Cuentas, a los que se les reclama el abono de 5,4 millones en el plazo de dos semanas, antes de que les embarguen los bienes. La salida que han encontrado se basa que se conoce como principio de indemnidad. El estatuto básico del funcionario público, una normativa española, regula que cualquier servidor público tiene derecho a una tutela y «debe poder ser acompañado por la administración».
Sin aclarar si el apoyo incluirá un aval económico o se limitará al ámbito exclusivamente jurídico, la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha revelado este lunes que el gobierno catalán «defenderá la inocencia y la libertad de expresión y representación» de todos los afectados, que han sido multados por la acción exterior de la Generalitat.
Los socios de gobierno divergen al respecto. Así, mientras Junts per Catalunya, como la ANC, defiende que el Govern de la Generalidad ha de avalar los compañeros perseguidos, desde ERC han evitado concretar si este apoyo debe ser en forma de aval. Los republicanos, en paralelo, piden que se active la caja de solidaridad, que ahora mismo depende de la ANC.
Uno de los presos de Junts indultados por el gobierno español, Josep Rull, se ha manifestado a favor de activar la Caja de Solidaridad. El ex consejero, que no ha sido multado por el Tribunal de Cuentas, ha hecho un escrito en Twitter pidiendo la solidaridad de los catalanes.
La ANC, en cambio, discrepa. Considera que es necesario que el ejecutivo de Pere Aragonès cubra «hasta el último centavo» de los cargos implicados porque «no hacerlo sería renunciar a la defensa de su legitimidad».
