Periodista, escritor y consultor ambiental. Ha sido cofundador de Alternativa Verda – Moviment Ecologista Català (1983) y de Els Verds-Alternativa Verda (1999). Ha publicado una veintena de libros sobre ecologismo, y tres ensayos sobre los accidentes nucleares de Three Miles Island, Chernóbil y Fukushima. Ahora, sale a la luz L’emergència climática a Catalunya. Revolució o col·lapse (Edicions 62)
¿De qué revolución nos habla en su libro?
En primer lugar, energética y del modelo productivo industrial y agrícola. Hoja de ruta que debe hacerse mediante la concertación social y la participación democrática de los consumidores, empresarios, asociaciones ecologistas, científicos…No como lo que se está haciendo con la ampliación del aeropuerto del Prat, en cuyo debate hay un dominio de los sectores económicos tradicionales. El nuevo Govern de la Generalitat ha hecho proclamas en defensa de la revolución verde y feminista. Si apoya la ampliación, que hipotecará también el Parque Agrario del Baix Llobregat y que provocará el aumento de las emisiones de gases de efectos invernadero, se cargará la Ley de Cambio Climático aprobada por el Parlament. El nuevo departamento de Acció Climàtica empezará mal… Revolución también de los consumidores y de la sociedad civil.
Participación democrática: ese oscuro objeto del deseo, tan escurridizo y difícil de concretar…
En esta revolución es urgente impulsar nuevas formas de participación democrática. Nuestra propuesta es crear convenciones ciudadanas para el cambio climático, dinamizadas por expertos, que debatan y propongan medidas para mitigar y adaptarnos al fenómeno. Comarca por comarca, porque la geografía, los recursos, la demografía son muy variables. El Parlament debería analizar estas propuestas y a partir de ellas definir la hoja de ruta de la transición ecológica y energética.
Algo que también nos lleva a lo global, porque el carbono, la radioactividad, no tienen fronteras…
Un gran problema de la gestión mundial del cambio climático es la inexistencia de una Organización Mundial del Medio Ambiente, con una autoridad parecida al Consejo de Seguridad de la ONU; capaz de imponer sanciones a los Estados que firmen acuerdos climáticos y no los cumplan. Paralelamente deberíamos disponer de un Tribunal Penal Internacional del Medio Ambiente para juzgar los delitos ecológicos más graves, como el que está sucediendo en la selva amazónica. El presidente Bolsonaro debería ser el primero en sentarse en el banquillo de los acusados. Muchos países, también Catalunya, rebajan sus propuestas de disminución de los gases de efecto invernadero para el 2030 por debajo de las propuestas de la UE, según las presiones que reciben de los lobbies energéticos y sus propios intereses electorales.
Se apela mucho a las Administraciones públicas en la lucha contra el cambio climático, pero ¿No son las compañías privadas las que realmente tienen la sartén por el mango?
Los fondos europeos “next generation” irán destinados especialmente a proyectos de extensión del 5G y 6G y de las energéticas del Íbex 35, que tienen más capacidad de desarrollar grandes proyectos redactados consultores y tecnólogos. El problema es que los climatólogos nos advierten que tenemos sólo una década para reaccionar ¿Cómo en tan poco tiempo podemos pasar de una economía fósil a una economía solar, sin aplicar autoritarismos y sin el dominio de las corporaciones energéticas? ¿Cómo resolver el vacío en puestos de trabajo que se perderán y substituirlos por otros vinculados al nuevo modelo? ¿Cómo abrir la participación democrática para superar el déficit democrático generado por la inhibición de los malos gobiernos? Cuando le dijimos al presidente Pujol que Catalunya tenía que prepararse para liderar las energías solar y eólica en el Mediterráneo la propuesta le sonó como el “regreso a las cavernas”. Pere Duran Farell le había convencido de que el gas natural y la energía nuclear eran el futuro. Ahora el 55% de nuestro consumo eléctrico procede del reactor de Vandellòs y los dos de Ascó ¿Cómo vamos a substituir 3.000 megavatios atómicos en una década? Es una ilusión pensar y una manipulación prometer que lo lograremos con pequeños proyectos cooperativos o mediante el autoconsumo. Estamos prácticamente instalados en una moratoria que dificultará cumplir el objetivo de que en el 2030 el 50% de la electricidad sea de fuentes renovables y el 2050 el 100%.
En cualquier caso, ¿El liderazgo de la transición ecológica está supeditada, en buena medida, a los planes de cambio tecnológico en las energéticas?
Están utilizando los beneficios obtenidos en la explotación del carbón, el gas, el petróleo y el uranio hacia grandes inversiones en parques solares y eólicos. Objetivo: seguir controlando el mercado y el nuevo consumo de electricidad e hidrógeno verdes. El cambio de paradigma está en sus manos, aunque los ecologistas llamamos a la resiliencia y a la concertación ¡Qué remedio! En Cataluña no existe una financiación propia para llevar a cabo la revolución energética. Sólo se podría resolver creando una empresa pública de renovables. Pero, ¿Qué insensato puede pensar que la Generalitat y el procés tienen capacidad para nacionalizar Naturgy, Endesa o Iberdrola, si hasta la fecha nuestra autonomía ha sido incapaz de exigir el control de las diez centrales hidráulicas del Pirineo leridano explotadas por Endesa, y que tienen caducada la concesión de 75 años? La mejor opción es exigir que las empresas con capacidad financiera y solvencia tecnológica levanten parques eólicos y solares donde los ecólogos digan que se pueden hacer-donde existe la mejor radiación solar y la mejor velocidad del viento- con participación de los ayuntamientos de la zona, cooperativas y asociaciones de defensa del territorio. Que se reclamen compensaciones y que se fomente la solidaridad inter-comarcal.
¿La resistencia a los cambios que tienen algunos sectores de la sociedad y del ambientalismo, constituye un obstáculo serio y hasta insuperable en algunos casos a la revolución ecológica pendiente?
Aquí está la capacidad de los gobiernos en prever que esta transición sea justa ¿Cómo? Con previsibilidad y una transparente hoja de ruta, hacia el 2050; con irreversibilidad en las medidas legislativas que se aprueben; con progresividad evitando crear crispaciones sociales que pueden acabar con movimientos tipo “chalecos amarillos”, o como el resultado de un reciente referéndum en Suiza, que ha rechazado los impuestos ecológicos aprobados por el Parlamento y, finalmente, abriendo la participación democrática. No se puede cargar la fiscalidad ecológica sobre las clases trabajadoras y medias.
¿Qué papel nos corresponde a los ciudadanos de a pie, a los que tanto se apela, en éste desafío?
No voy a dar al lector o lectora de esta entrevista un “manual del buen ecologista”. En internet pueden encontrar muchos. Cada uno debe actuar, en función de sus posibilidades, reciclando, rechazando los plásticos, consumiendo productos de la agricultura ecológica y de proximidad; desplazándose en transporte público y evitando los vuelos en avión… Existe un punto de inflexión llamado “tipping point”. Cuando el 20% de los consumidores optan por una nueva forma de consumir o de reclamar un determinado producto los industriales y los políticos se ven obligados también a cambiar, unos el producto y los otros la legislación.
¿Por qué en medio de un crecimiento exponencial de las iniciativas a favor del medio ambiente, aparentemente, se mueven tan poco las cosas en Catalunya?
Determinadas proclamas a favor del crecimiento exponencial de destacados miembros del Govern Aragonés me ponen los pelos de punta. Lo siento. Estuve en esta línea crítica durante los meses que entré de diputado de Junts al Parlament. No se dan cuenta que es el continuismo del modelo heredado de los planes de desarrollo de los tecnócratas franquistas, ahora rebautizado con el progresismo digital. Los ecologistas somos partidarios de un decrecimiento del consumo en todas sus vertientes contaminantes. No somos unos “amish”. Somos favorables a la bio-economía. La culpa de que Catalunya esté en la cola de las renovables es de nuestros gobiernos. El sector turístico que ha contribuido al “hormigonazo” no está éticamente legitimado, por ejemplo, para oponerse a un parque eólico marino como Tramuntana, que puede convertir la circunscripción de Girona en un “hub” de energías renovables, sin antes concertarlo y esperar el diagnostico de los oceanógrafos catalanes. Girona sólo genera un 16% de su consumo eléctrico y no dispone de ningun parque eólico ni solar. La energía de la Costa Brava es el gas natural… El crecimiento exponencial y energético tal y como lo hemos vivido nos lleva al colapso. Queda poco, muy poco tiempo, para cambiarlo.
