Mas-Colell fue advertido de la ilegalidad de financiar el Diplocat

El catedrático de Derecho Financiero y Tributario José Andrés Rozas asegura que el exconsejero de Economía hizo caso omiso a las advertencias del Supremo y del Constitucional

Andreu Mas-Colell
Andreu Mas-Colell

L'exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell

El catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona, ​​José Andrés Rozas, se ha unido a la iniciativa del Club Tocqueville para profundizar en la causa que el Tribunal de Cuentas tiene abierta contra varios políticos independentistas por la promoción del proceso independentista. Concretamente, Rozas se ha referido a la implicación del exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell, al que el tribunal acusa de autorizar y ejecutar gastos ilegales entre 2011 y 2016 por valor de 4,8 millones de euros.

Según ha explicado Rozas, Mas-Colell fue advertido de la ilegalidad de financiar el Diplocat: «Se le advirtió sistemáticamente que la Generalitat no tenía competencia en política exterior, que estas aplicaciones de gasto eran ilegales y que él era el responsable». Pero, en palabras del catedrático, el exconsejero «hizo caso omiso a las advertencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional».

El hecho de que el proceso independentista no haya acabado con la creación de un Estado catalán, tal como señala Rozas, «obliga a los dirigentes nacionalistas a rendir cuentas ante este tribunal». Así pues, «si el procés hubiera conseguido sus objetivos últimos mediante la intermediación internacional no estaríamos en esta situación», pero «fracasó y, en el marco jurisdiccional en el que estamos, el exconsejero ha de hacer frente y responder a sus responsabilidades».

El Tribunal de Cuentas considera que Mas-Colell utilizó dinero de su departamento para la internacionalización del proceso y por ello ha decidido bloquear sus cuentas bancarias. Mañana, martes 29, las defensas de los 41 implicados comparecerán ante el tribunal para conocer la cantidad económica que se reclamará a cada uno de los investigados. Una fecha que coincide con la primera reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès.

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