Joan Laporta no toca las cuentas de Josep Maria Bartomeu porque están “en orden”

El montaje asambleario para demonizar a la anterior junta directiva anula cualquier acción de responsabilidad

Josep Maria Bartomeu
Josep Maria Bartomeu

La posibilidad de que Joan Laporta y su nueva junta emprendan una acción de responsabilidad contra la anterior directiva, presidida por Josep Maria Bartomeu, ha quedado del todo descartada pese al aparato escénico y mediático desplegado para mantener ese discurso de castigo, amenaza y sombra permanente en el que se ha instalado desde su llegada al palco.

Finalmente, en la asamblea del domingo pasado el propio presidente hubo de pedir la aprobación de las cuentas de Bartomeu, dejando muy claro que estaban correctamente presentadas, sin dudas ni incertezas, y ratificadas por los auditores.

Laporta hubo de esforzarse para calmar la excitación y agresividad de un determinado sector de la asamblea y del malestar general de los socios ya que su aparato de propaganda, desmadrado desde el año pasado, había creado un estado de opinión seguramente excesivo, de riesgo a la hora de aprobar esos números del pasado ejercicio.

Podía haber ocurrido, como consecuencia de ese escenario tan electoralista ampliamente extendido contra Bartomeu, que los compromisarios no estuvieran dispuestos a aprobar sus resultados económicos. Sobre todo, por esas filtraciones e informaciones que desde el club se han ido moviendo, alimentando las sospechas de irregularidades con un posible trasfondo ilícito de la gestión. Una táctica, por ahora, basada en insinuaciones y especulaciones.

La no aprobación de las cuentas habría sido una torpeza y una negligencia por su parte. Como ocurrió en 2010 con las cuentas presentadas por Joan Oliver y Xavier Sala Martín, indocumentados, la directiva entrante las reformuló en base a los informes de la auditoria y fueron las presentadas ante los socios con unas pérdidas de superiores a los 80 millones de euros y de casi 50 durante el mandato. La excusa de pedir su aprobación porque así el club no embarrancaba o porque era lo más práctico era simplemente eso, una invención y una pose para esa película en la que Bartomeu es el demonio. Siendo cierto, por otro lado, que el estrés de la economía azulgrana resulta extremo y más que delicado como consecuencia del peso de los gastos, especialmente la masa salarial, también resulta evidente la indiscutible validez de la auditoría.

Llegado el momento, por tanto, Laporta dejó muy claro que las cuentas habían pasado el examen del auditor y que reflejaban fehacientemente el estado económico y financiero del club a 30 de junio de 2020 cuando se cerró el ejercicio y, finalmente, también el mandato tras la dimisión posterior de la directiva a finales de octubre. Esa liquidación presentaba pérdidas de 97,3 millones de euros atribuibles a la caída de los ingresos desde marzo de 2020, con unas entradas finales de 855 millones y unos gastos de 952 millones.

Con esas pérdidas, no imputables en una presunta acción de responsabilidad exoneradas por un decreto del Gobierno, el mandato de Bartomeu, continuista del mandato de Sandro Rosell, se cerró igualmente con un patrimonio neto aumentado de 200 millones. Quedó descartada, por tanto, cualquier iniciativa de la junta de Laporta en la línea de exigir ninguna responsabilidad.

Aunque el discurso de Joan Laporta fue el de aclarar que esta luz verde no dispensaba a Josep Maria Bartomeu y a su junta de ser objeto de las demandas y las querellas que se pudieran interponer en el supuesto de detectarse irregularidades, a efectos patrimoniales del FC Barcelona no cabe ninguna duda sobre la limpieza y cierre de esas cuentas de la temporada 2019-20. Tanto es así que la propia junta de Laporta sería cómplice y responsable si se demostrara que había motivos para modificarlas y se hubiera inhibido.

Otra cosa es que Bartomeu, como era su deseo, hubiera podido cerrar el ejercicio 2020-21 siguiendo el plan trazado de haber convocado las elecciones a la presidencia el 21 de marzo de 2021, lo que habría tenido dos consecuencias bien distintas. La primera, que la liquidación de la temporada actual, con cientos de millones de pérdidas, recaería en la administración de Bartomeu y la segunda, que el nuevo presidente habría tomado posesión el día 1 de julio próximo sin esa mochila en su debe.

Las prisas por echar a Bartomeu al precio que fuera las tiene que pagar ahora la administración de Joan Laporta, eso sí echando fuego por la boca en contra de su antecesor en el cargo. Tanto que su vicepresidente económico, Eduard Romeu, quizás esté poniendo a su propia junta en peligro tratando de demostrar que la catástrofe actual es culpa de Bartomeu o no de la covid. Si lo llega a demostrar o si lo pretende demostrar ante la LFP puede que entonces no puedan liberarse esas pérdidas de una posible acción de responsabilidad llegado el momento. Eduard Romeu tendrá que aclararse.

La asamblea, por tanto, sólo fue una pantomima para sacar adelante una ampliación del límite estatutario del crédito y poder pedir un préstamo de 525 millones a Goldman Sachs que, muy probablemente, la mitad se acabe gastando en renovar a Messi o fichar quién sabe si a más jugadores como Keirrison o Ibrahimovic cumpliendo así Joan Laporta su promesa de “volverlo a hacer”. En la asamblea, desde luego, no dio demasiadas explicaciones, ninguna clara ni precisa, sobre el destino de ese dinero ni tampoco anticipó las cuentas de la temporada 2021-20 para justificar ese aumento de la deuda a unos límites extremos. La opacidad propia de su estilo de gestión no ha hecho más que empezar.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deja un comentario

Notícies més llegides