El informe del Consejo de Europa acredita la democracia española

El Ministerio de Exteriores rechaza recomendaciones que ve contrarias a la separación de poderes y concluye que se avala la actuación del Estado

El Consell de Ministres
El Consell de Ministres

Reunió del Consell de Ministres d'aquest dimarts, 22 de juny - Foto: Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

El informe del diputado letón Boriss Cilevics avalado este lunes por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se muestra favorable a la concesión de los indultos a los dirigentes del procés presos, recomienda a España la reforma de los delitos de sedición y rebelión, y plantea que se abandone la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont, incluye otras referencias que contradicen el relato independentista.

Esta asamblea, al inicio de la resolución, reconoce que España «es una democracia vibrante, con una cultura de debate público abierta y libre, y donde la simple expresión de puntos de vista a favor de la independencia no es motivo de persecución criminal». La Asamblea también manifiesta que «respeta plenamente el orden constitucional de España».

Y, si bien reclama a las autoridades españolas que «se abstengan de exigir a los políticos catalanes presos que renieguen de sus profundas opiniones políticas a cambio de un régimen penitenciario más favorable, o de una posibilidad de indulto», añade que «se les puede exigir que se comprometan a perseguir sus objetivos políticos sin recurrir a medios ilegales«.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que destacó las referencias positivas a la democracia y el orden constitucional españoles en una primera valoración a principios de este mes, ha reaccionado ahora al resultado de la votación reafirmando su «reproche general» al informe de Cilevics.

Aunque concluye que el informe avala la actuación del Estado, y también que «reconoce que los políticos independentistas actuaron al margen de la Constitución y de la legalidad», considera «incoherentes» aquellas recomendaciones que instan la ejecutivo de Pedro Sánchez a detener procesos judiciales y extradiciones pendientes, arguyendo que ello «choca con el principio de separación de poderes«.

Asimismo, el ministerio que encabeza Arancha González Laya señala que «persiste el vicio» de tratar «de manera conjunta» los casos de España y Turquía, y que varias recomendaciones, por otra parte, ya «forman parte de la política diseñada por el gobierno desde hace tiempo».

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