Ahora hace diez años, Convergència i Unió gobernaba tranquilamente la Generalitat con el apoyo del PP. Hacía un año que el Tribunal Constitucional había emitido su sentencia, recortando parcialmente el Estatuto de Autonomía del 2006, pero esto no era ningún obstáculo para que Artur Mas se entendiera a las mil maravillas con Mariano Rajoy.
Han pasado diez años y, en este tiempo, la política catalana se ha convertido en un “campo de minas”, con potentes y destructivas explosiones cada dos por tres. Convergència ha desaparecido del mapa político. Unió, también. Ahora tenemos Junts x Catalunya (JxCat), formación que está repleta de ex convergentes, pero que se cabrean con gran vehemencia cuando se les recuerda que son ex convergentes.
Todo ello es tan surrealista, tan abracadabrante, que no tiene ninguna explicación política racional. Y es que no la tiene. Solo una pregunta, que dejo al viento: ¿cuántos dirigentes independentistas, más o menos radicales, más o menos conocidos, son confidentes habituales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los invisibles aparatos de inteligencia de Madrid, que les ponen al corriente de todo lo que pasa en Cataluña? Ya lo avanzo: por lo que me cuentan, un montón.
No me gusta Chesterton, lo considero un reaccionario, a pesar de que intenta ser divertido. Pero su novela “El hombre que fue jueves” podría ser perfectamente aplicable a aquello que pasa en el movimiento independentista catalán, en sus partidos y en sus organizaciones civiles de masas, que tienen más agujeros de información que un queso emmental.
Lo que cuenta y lo que explica el acuerdo logrado por ERC y JxCat es la “ubre”: la necesidad bulímica que tiene la clase dirigente independentista y toda la galaxia de servidores que la rodean de mantener el espléndido “statu quo” personal conseguido gracias a parasitar la administración catalana. Hasta cierto punto es humanamente comprensible, les va en ello su bienestar y el de sus familias.
Durante el pujolismo, la Generalitat y las instituciones eran, sobre todo, una palanca para ganar dinero, mucho dinero, con la corrupción, las comisiones, el amiguismo y el tráfico de influencias. Los salarios que pagaba la administración eran correctos, pero no permitían hacerse rico y dar el salto para entrar en el selecto club de la alta burguesía, el sueño húmedo de los catalanes “pata negra”. Oriol Pujol, el heredero de la presidencia de la Generalitat que fue decapitado por la justicia, era el paradigma de este modo de entender la política como medio para acumular una gran fortuna.
Después del estallido de los espectaculares casos de corrupción, la clase política nacionalista-independentista entendió que este juego era muy peligroso, puesto que la legislación española se ha endurecido mucho contra quienes emplean métodos mafiosos. El 3% ya no es la vía rápida para enriquecerse y, además, los “maletines de dinero” han pasado a la historia. Los partidos se han acabado acomodando a las grandes subvenciones que reciben por el número de votos y escaños y también han abandonado la tentación de financiarse con “dinero en B”.
¿Para qué robar si aumentando las nóminas que paga la administración a los consejeros, a los diputados y a los altos cargos también se puede conseguir vivir en la cómoda franja de la clase media-alta? Fijar las tablas salariales sí que es una competencia discrecional de la Generalitat y es perfectamente legal, con el único inconveniente que tienes que pagar impuestos a la Agencia Tributaria.
Resultado: Cataluña es el lugar de España donde los políticos cobran, con diferencia, los sueldos más elevados. El “salario mínimo” del independentista colocado son 6.000 euros al mes y hay quienes incluso lo duplican, como Quim Torra, de profesión ex presidente, que es el “independentista más independentista de todos los independentistas”.
Esto ha creado un privilegiado “club de los cienmileuristas”, una casta que, con el señuelo de la independencia, se ha apoderado de la administración en Cataluña y la ha convertido en su gran fuente de ingresos, a la cual no quiere ni puede renunciar de ninguna forma. El Gobierno Aragonès será su máxima expresión: es el “Gobierno de los cienmileuristas”.
No hay que decir que esto es profundamente amoral, y más en la catastrófica situación socioeconómica que sufre Cataluña desde la crisis del 2008. La administración, y no la empresa privada, se ha convertido en el objeto del deseo de los jóvenes más ambiciosos. Es aquí donde se cobran los sueldos más altos con el mínimo de riesgo. Solo hay que pagar el peaje de la adhesión a la fe independentista y la ciega sumisión a lo que predican sus “gurús”.
Después, claro, está toda la galaxia de empresas, entidades y “celebrities” mediáticas que viven de la “ubre” del dinero público, vía convenios, contratos y subvenciones. Saben que solo un gobierno de ERC y JxCat o de JxCat y ERC, como antes pasaba con CiU, garantiza su subsistencia que, en muchos casos, se ha convertido en un exceso pantagruélico.
Por eso, los prescriptores mediáticos del independentismo –los Oriol Soler, Jaume Roures, Mònica Terribas, Toni Soler, Pilar Rahola, José Antich, Antoni Bassas, Xavier Grasset y un largo etcétera…- están tan contentos y esperanzados por el acuerdo logrado para investir a Pere Aragonès. Saben que éste es el salvoconducto para garantizar la pervivencia de sus privilegios, que se traducen en unas remuneraciones astronómicas, fuera de mercado, más allá de su valía profesional objetiva.
Rezan para que este gobierno de coalición de ERC y JxCat pueda perdurar toda la legislatura. Tienen un cheque en blanco para poder continuar viviendo del cuento durante cuatro años más y lo defenderán con dientes y uñas. Les va la vida y una jubilación dorada.
Por todo ello, si hay un rasgo que caracterizará a este próximo gobierno de la Generalitat que tendremos es su profundo conservadurismo conceptual. En el sentido que su prioridad será “conservar”, por encima de todo, el excepcional estatus social conseguido por los principales protagonistas del independentismo, que no harán nada que ponga en peligro su “modus vivendi”.
El Estado español ha entendido perfectamente que lo que resulta más efectivo para frenar el desafío secesionista son las multas y los embargos a quienes intenten pasar de las palabras –que se las lleva el viento- a los hechos. No las porras de la Policía ni de la Guardia Civil, como sucedió el 1-O, que son contraproducentes.
El Estado ha descubierto que es más contundente y efectivo un organismo gris como el Tribunal de Cuentas que no las farragosas resoluciones judiciales de los magistrados Pablo Llarena o Manuel Marchena. Aquello que teme de verdad la élite independentista es perder los privilegios económicos de los cuales disfruta gracias al marco constitucional español y esto provocará, en la práctica, que el proceso entre en vía muerta.
Pero la sociedad catalana está viva y la gestión aseada y correcta que intentará realizar Pere Aragonès en la Generalitat chocará muy pronto con la dura realidad. No la de los independentistas airados porque el “mandato del 1-O” ha quedado arrinconado en el baúl de los recuerdos. Estos serán progresivamente aislados y marginalizados, sin piedad.
El fin de la pandemia y de los ERTEs pondrá al descubierto el inmenso drama social que ha escondido la excepcionalidad sanitaria que hemos sufrido desde hace más de un año. El paro se desbocará, los impagos de alquileres y de hipotecas se empezarán a reclamar por la vía judicial, con la amenaza de desahucios masivos, los jóvenes descubrirán que no hay futuro para ellos y el turismo, que era la principal fuente de riqueza, solo volverá en cuentagotas.
En los próximos meses y años, la conflictividad social tendrá un fortísimo protagonismo y hará oír su gran malestar en las calles. Ante esto, el gobierno nominalmente independentista y conceptualmente conservador de Cataluña corre el riesgo de verse permanentemente cuestionado y, muy probablemente, desbordado.
En este punto, es importante recordar que la mayoría parlamentaria de ERC y JxCat cuelga del apoyo de los nueve diputados de la CUP, que tienen la sartén por el mango. ¿Hasta dónde llegará la paciencia de la CUP para mantener a Pere Aragonès al mando de la Generalitat? Esta es la cuestión.
