Ada Colau convierte Casp, 43 en el “fortín” de los comuns

El Ayuntamiento subvenciona generosamente al Observatorio DESC y a las entidades de su órbita

Ada Colau

Intereses partidistas y políticos de alto nivel confluyen en una serie de plataformas y entidades que se esconden tras el gran paraguas del Observatorio DESC. Ahí se mezclan las ambiciones personales de un puñado de profesionales que, en un momento dado, dieron el salto a la política, con los intereses políticos del soberanismo. Gran parte de las organizaciones e instrumentos de los comunes se pusieron al servicio de la derecha catalanista para desgastar al Estado español, todo ello con el beneplácito de la cúpula de los partidos correspondientes. De ahí que muchas veces se diese la paradoja de que mientras Ada Colau renegaba del independentismo en público, los suyos practicasen todo lo contrario de lo que la lideresa decía.

Incluso sus dos grandes apoyos durante la primera legislatura, los tenientes de alcalde Gerardo Pisarello y Jaume Asens, fueron señalados por defender a ultranza las tesis más independentistas del espectro político catalán. La mayor parte de ese equipo militaba en un puñado de plataformas que, tras subir Colau al poder, comenzaron a ser mimadas por la Administración local barcelonesa. Además, el núcleo duro de DESC que tomó el poder fue contratando como asesores a muchos familiares en lo que se asemejaba a un auténtico carrusel de nepotismo.

Alrededor de DESC se agolpan también plataformas como Enginyeria Sense Fronteres (ESF), Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE). Todas ellas son las empresas denunciadas en Fiscalía por la asociación Abogados Catalanes por la Constitución, que acusan a la alcaldesa y a buena parte de su equipo de conceder subvenciones de 3,4 millones a todas ellas durante los últimos años. Por esas plataformas pasaron también Gerardo Pisarello (actual miembro de la Mesa del Congreso), Jaume Asens (presidente de Unidas Podemos en el Congreso), el concejal Eloi Badia, la ex-concejala Gala Pin o la asesora de Vivienda del Ayuntamiento, Vanesa Valiño (esposa de Pisarello). Los denunciantes incluyeron también en la lista a la ex-concejala Laia Ortiz, a la concejala Laura Pérez y a la directora del Observatorio DESC, Irene Escorihuela, pero piden que se preste también atención a la directora de Comunicación, Águeda Bañón, a la técnica de esta área, Silvia González, al sustituto de Colau en la PAH, Carlos Matías, fichado como asesor por el Ayuntamiento de Barcelona, y a Jordi Borja, el creador de Observatorio DESC.

Esta plataforma, según el registro de subvenciones del Ayuntamiento, recibió en 2019 cuatro ayudas por un importe total de casi 262.000 euros. En 2020, percibió tres subvenciones por 404.000 euros.

La galaxia de los comunes, no obstante, va más allá: en el grupo de intereses cabe destacar el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), que dirige David Bondia, que ahora aspira a ser el Síndic de Greuges de Barcelona por la retirada de Maria Assumpció Vilà. IDHC, que tiene estrechas vinculaciones con los comunes, recibió dos subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona en 2019 por 52.557,56 euros y una de 15.000 euros en 2020. Se da la casualidad de que IDHC y DESC trabajaban al alimón en muchas de las jornadas y actos que realizaban incluso cuando Ada Colau trabajaba (y cobraba su salario) de DESC. Ahora podrían volverse a encontrar, pero en la Administración. En 2013, el IDHC editó un libro en el que participaron Ada Colau, Vanesa Valiño, Josep Maria Montaner o Gerardo Pisarello, entre otros, bajo el título El derecho a la ciudad.

Bondia es profesor de Derecho Internacional Público de la UB y fue uno de los impulsores de la plataforma Defender a Quien Defiende, que se presentó como “el primer observatorio estatal sobre la vulneración de los derechos humanos en contextos de protesta social”.

De hecho, tanto esta plataforma como el IDHC han sido utilizados como instrumentos para apoyar el procés y desgastar al Estado español en el conflicto con Cataluña. Pero hay otro detalle que no ha de pasar desapercibido: además de servir de ariete al sector independentista de los comunes, el IDHC es miembro del Observatorio DESC, en el cual confluye, entre otros, con Gonzalo Boye (abogado de Carles Puigdemont) y su pareja Isabel Elbal. También es miembro de la asamblea de DESC el Centre de Drets Humans Iridia, el despacho de referencia que defiende a los detenidos en las manifestaciones independentistas.

Un despacho muy activo

Uno de los pivotes principales de Iridia es Anaïs Franquesa, directora del equipo técnico, que había sido socia de Jaume Asens y abogada defensora junto a él de Rodrigo Lanza, el okupa que dejó tetrapléjico a un urbano (al que llegaron a hacer protagonista del documental La ciutat morta, premiado por el Ayuntamiento) y que acabó matando a un motero en Zaragoza por llevar unos tirantes con la bandera de España. Iridia, uno de los despachos más combativos de Barcelona contra España, recibió del Ayuntamiento 29.500 euros en subvenciones el año pasado (curiosamente, 9.500 euros fueron para la “consolidación de la base social de Iridia”) y 61.850 euros en 2019.

Iridia ha estado recibiendo 20.000 euros anuales por el Proyecto Saidavi (Servicio de Atención y Denuncia ante Situaciones de Violencia Institucional), lo que traducido al lenguaje normal significa embarcarse en denuncias contra policías por sus actuaciones durante las manifestaciones violentas. En el 2020, por ese mismo proyecto percibió 32.242 euros provenientes del fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura. En el pasado mes de enero, comenzó otro proyecto dotado con 100.000 euros de fondos públicos titulado Protesta segura y Administración transparente y garantista, patrocinado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD). Por otro lado, Franquesa es también consejera del IDHC.

Pero los intereses de este grupo son mucho más complejos. En octubre de 2018, el grupo municipal de Junts per Catalunya (JxCat) difundía un boletín local que, bajo el título de El run, run!, tenía como objetivo poner en evidencia a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. “Entidades amigas de Colau reciben más de 2 millones de euros”, titulaba en portada esta publicación. Dentro, un artículo titulado “El misterio de Casp, 43”, dejaba en evidencia las ayudas a algunas entidades sociales. Esa dirección coincidía con la de la sede del Observatori DESC, la entidad de la que la propia Colau y gran parte de su cúpula de gobierno, había estado cobrando hasta poco antes de llegar al Ayuntamiento.

La “regadera” municipal

Pero en la sede de la asociación hay otra veintena de empresas y entidades que han recibido también cuantiosas ayudas municipales durante los mandatos de Colau. Una de las entidades más importantes de las que comparten sede es la plataforma ETCS, que se llevó, hasta finales de 2018, más de 412.000 euros. También tiene importancia L’Apòstrof, que se hizo con 322.770 euros. Le sigue, en orden de importancia, Labcoop, con 307.404 euros. Missatgers Trèvol es otra de las cooperativas que sientan sus reales en Casp 43: obtuvo en ayudas municipales 140.094 euros. Y Celobert, otros 113.576 euros. Consum Responsable, se quedó con 60.120 euros, mientras que Jamgo cobró 66.723 euros.

A partir de esa fecha, ETCS recibió 6.000 euros en ayudas directas en 2019 y 41.000 euros en 2020; Celobert obtuvo 7.000 euros en 2019 y 6.300 euros en 2020; Lacoop se quedó con 11.740 euros en 2019 y 6.466 euros en 2020; y Consum Responsable obtuvo 30.250 euros en 2019 y 60.350 euros en 2020; Jamgo, por su parte, sólo consiguió 4.500 euros en 2020 y 5.850 euros en 2019; otra de las entidades que comparte sede, I-Labso, se llevó 6.370 euros en subvenciones en 2020 como “consolidación empresarial a través de la estructuración”; la cooperativa ECOS, también en la misma sede, se hizo con 6.500 euros en 2020, pero en 2019 se había llevado 37.206 euros; Iacta Sociojurídica, en la misma sede, cosechó 24.500 euros en 2020 y 12.315 euros en 2019; y Nusos, Activitats Científiques, con sede en Casp 43, se benefició con 5.998 euros en 2019 y 32.800 euros en 2020.

Desde la oposición se considera que la mayoría de estas plataformas son afines a Barcelona en Comú (BeC) y trabajan para conseguir no sólo beneficios económicos de su relación con el poder municipal, sino para conseguir apoyo social a favor de los comunes.

*Más información, en la edición de esta semana de la revista EL TRIANGLE

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