En el acta de la magistrada del juzgado n.º 18 de Barcelona contra diez persones a raíz de una denuncia de la fiscalía por un informe del Tribunal de Cuentas del año 2019, hay un apartado que hace referencia a un gasto de 5.000 euros que el gobierno de la Generalitat pagó en 2015, cuando era presidente Artur Mas, por unos informes sobre política europea de defensa.
Según el acta judicial, el entonces secretario de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Generalitat, Roger Albinyana Saigi, y la directora de Servicios del Departamento de la Presidencia, Teresa Prohias Ricart, contrataron a una empresa belga para que elaborara un informe «encaminado a la elaboración de las estructuras de un hipotético estado independiente» sobre temes de defensa. Un encargo que, según a jueza, excedía en la contratación «el marco competencial de la Generalitat».
El texto de la jueza dice que el informe «es encargó a una empresa belga de la cual se desconocen datos, no constando documentación de la misma ni el trabajo original realizado», añadiendo que esta empresa belga «fue contratada a través de la intermediación de Salvador Cardús Ros» y que «se abonaron 5.000 euros» por los informes.