“Aparentemente, en el ejercicio de 2016, el 52% de las subvenciones fueron concedidas de forma directa e importaron 3,2 millones de euros más de lo presupuestado. En el correspondiente al año 2017, el Gobierno municipal pudo llegar a conceder 35 millones de euros en subvenciones directas, fuera de la convocatoria pública, sin ninguna concurrencia”. Así consta en la denuncia presentada por la Plataforma Abogados Catalanes por la Constitución ante la Fiscalía de Barcelona.
Se trata, en realidad, de una ampliación de la primera denuncia, interpuesta en el mes de marzo, en la que se pedía una investigación a fondo de 3,4 millones de euros en subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona al Observatorio DESC, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y a Enginyeria Sense Fronteres (ESF). La denuncia se dirigía contra la alcaldesa, Ada Colau, las ex-concejalas Gala Pin y Laia Ortiz, la actual concejala Laura Pérez, la asesora municipal en materia de vivienda Vanesa Valiño y la directora de DESC, Irene Escorihuela.
En la ampliación, presentada a finales de abril, se pide que se añadan a la lista de investigados los ex-tenientes de alcalde Gerardo Pisarello y Jaume Asens, así como el actual concejal Eloi Badia. Además, solicita que se estudie la licitud de la contratación de las responsables de Comunicación del Ayuntamiento, Águeda Bañón y Silvia González, ex-trabajadoras de DESC, así como la contratación de Carlos Matías, ex-portavoz de la PAH y de Jordi Borja, el fundador de este Observatorio y valedor de Colau. Esta ampliación se suma, así a la primera denuncia y a otra demanda presentada por Agbar ante el Tribunal de Cuentas, en la que acusa a Ada Colau, al concejal Eloi Badia y a dos altos cargos municipales de gastar más de 875.000 euros en informes y maniobras para municipalizar el servicio del agua, pasando por alto las competencias municipales, tal y como publicó EL TRIANGLE (ver edición número 1.438).
Se da la circunstancia de que Colau, Pisarello, Asens, Pin y Valiño (que es esposa de Pisarello) estuvieron vinculados al Observatorio DESC justamente hasta antes de entrar en el Ayuntamiento. Pisarello, que fue su vicepresidente durante años, es ahora miembro de la Mesa del Congreso y Asens es portavoz de Unidas Podemos, pero ambos fueron el núcleo duro del equipo de Colau en su primera legislatura. Se podría producir, pues, una colisión de intereses. Otro concejal, Marc Serra, también estuvo asalariado en DESC , aunque es concejal desde 2019. Y Badia fue uno de los máximos directivos de ESF antes de aterrizar en el Ayuntamiento. Tras llegar a la Administración, las ayudas a ESF crecieron exponencialmente: entre 2012 y 2015, con Xavier Trias, ESF obtuvo 271.432 euros de subvenciones y en el periodo 2016-2018 acumuló 852.633 euros.
Los denunciantes acusan a la cúpula municipal de varios delitos. Entre ellos, los de no inhibirse a la hora de conceder subvenciones a las entidades en las que habían estado trabajando hasta poco antes de tener responsabilidades en la Administración local. De hecho, no deberían haber participado en ninguna concesión hasta mediados de 2017, es decir, hasta dos años después de romper su vinculación directa con el Observatorio DESC. Lejos de ello, participaron en las adjudicaciones y éstas fueron aumentando a partir de que los comunes se hiciesen con las riendas del poder municipal.
Los denunciantes, copiando la senda que se siguió con el caso Pujol, piden que se investigue el entramado en torno a DESC y a la alcaldesa, Ada Colau, en base a la reforma del Código Penal de 2010 y los considere en su conjunto una organización o grupo criminal “igual que se hizo con la familia Pujol”. La base jurídica para enfocar así la investigación es que se trata de un grupo de personas numeroso; con reparto de tareas entre los miembros del grupo y con normas de disciplina interna, “una jerarquía a veces extravagante y la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas”; han realizado una actuación prolongada en el tiempo, y han cometido “actos delictivos graves”; uso de alta tecnología para las comunicaciones; las destrezas financieras en el manejo de fondos o distintas formas de relación con la función pública”; utilización de instrumentos jurídicos legales para crear estructuras económicas o comerciales; influencia sobre cargos públicos; y “finalidad primordial de obtención continuada de beneficios económicos o de cualquiera de las diversas formas de influencia política, social o económica”.
Múltiples irregularidades
Las irregularidades son escalofriantes: los altos cargos municipales se deberían haber inhibido en la concesión de subvenciones a las entidades para las que habían trabajado apenas un par de meses antes; estas subvenciones no eran extraordinarias, sino directas y recurrentes anualmente; no se abusa de las adjudicaciones directas, se compatibilizan como subvenciones algunas que no lo son, las empresas beneficiadas también reciben contratos del Ayuntamiento, no se justifican las subvenciones recibidas, no se aporta la documentación necesaria de facturas y memorias, no se hace seguimiento de cómo se cumplen los proyectos, y no se garantizan los principios de transparencia, concurrencia competitiva e igualdad de oportunidades.
La vinculación de algunos de los denunciados con el Observatorio DESC era tan estrecha que los salarios de Colau, Valiño y Pin procedían de una subvención del propio Ayuntamiento de Barcelona, entonces gobernado por Xavier Trias. Los comunes acusan a la plataforma denunciante de seguir consignas políticas y afirman que lo que hizo el Ayuntamiento de Barcelona gobernado por Ada Colau es lo mismo que lo que hizo antes el convergente Xavier Trias. Pero la realidad es diferente: Colau quiso hacer pasar cada año la subvención de 120.000 euros a su entidad amiga como excepcional y de interés público. “Se evidencia que se trata de una subvención recurrente y anual, que sin embargo se ha concedido presuntamente por designación directa, y al margen de cualquier principio de concurrencia pública, otorgada bajo el argumento de que se trata de una subvención excepcional”, dice la denuncia de la plataforma de abogados.
El interventor municipal, en su informe de las cuentas de 2016, señala que “esta subvención se viene repitiendo desde hace años y, por lo tanto, su carácter excepcional no parece justificado”. En definitiva, todos torcían el gesto al hablar de la ayuda directa a DESC menos los responsables municipales, que a cada reparo del interventor contestaban con otra ayuda financiera a sus amigos.
Otra de las excusas de los cargos municipales era la condición de “interés público” de las subvenciones a esas entidades, aunque esa naturaleza está en entredicho. “En general, las actividades subvencionadas, más que en ayudas a colectivos desfavorecidos, consisten en informes cuya elaboración justifica los sueldos de los integrantes de las asociaciones beneficiarias del ámbito ideológico de la alcaldesa”. Lo que quiere decir esta afirmación es que las subvenciones se gastaban en gran parte en los salarios de los empleados de DESC en vez de en proyectos de ayuda social.
Subvenciones para pagar sueldos
La ampliación de la denuncia saca los colores a Ada Colau al presentar una subvención de 2016 a DESC, que ascendía a 336.259 euros. Esa cuantía representaba el 80% del coste total del proyecto, que era Dret a l’habitatge i a l’energia: empoderament colo·lectiu i assessorament jurídic social. De hecho, era subvención que se concede cada dos años. La interventora hace constar, en este caso, que ese 80% subvencionado se solicita en concepto de “recursos humanos”, lo que da a entender que la ayuda pública se utiliza íntegramente para pagar salarios. “Cabe preguntarse qué revierte de tal proyecto en los ciudadanos si el destino de ese dinero es en un 80% el pago de los sueldos de los pertenecientes a la asociación beneficiaria y el 20% restante habrá que deducir los gastos de funcionamiento”, apostillan los denunciantes.
Intervención, no obstante, detalla que el porcentaje del gasto de salarios es del 73% y en esos salarios se incluyen los de personal de DESC y de la PAH. Evidentemente, la interventora hace constar también que la subvención fue concedida “sin presentarse el Observatorio DESC a convocatoria alguna, repitiéndose esta circunstancia en los últimos ejercicios”. Se trata, para Abogados Catalanes por la Constitución, “de una concesión reiterativa en el tiempo, y por tanto no es excepcional”. Por ello, la propia intervención apuntaba a que la subvención debía ser nominativa y que, debido al alto porcentaje que suponen las retribuciones del personal, se debía regular por otra ley.
Dos años más tarde, haciendo oídos sordos a las posibles irregularidades, los responsables municipales volvieron a las andadas: en 2018 se otorgó otra subvención de 324.600 euros a las entidades para el proyecto Drets a l’habitatge i a l’energia: empoderament col·lectiu i assessorament jurídic i social. Es decir, el mismo proyecto subvencionado en 2016. Desde el consistorio se justificaba por el hecho de que las cuatro entidades citadas (DESC, PAH, APE y ESF) son “unas organizaciones que desarrollan una actividad de interés social y público y relevante” y que “la singularidad de las actividades imposibilita encontrar otras adjudicatarias”. El 31 de diciembre de 2020, el concepto fue Projecte drets a l’habitatge i a l’energia y el importe se mantuvo en 324.600 euros. En otras palabras: se trataba de subvenciones a medida. Los denunciantes afirman que sólo entre octubre de 2019 y diciembre de 2020, lograron encontrar siete subvenciones al entramado de DESC que suman 696.711,54 euros. “No se incluyen en la expresada suma los importes de los que se beneficiaría DESC por otros contratos, estudios o informes”, aclaran.
El informe de Intervención de 2019, no obstante, llega más lejos y detalla que “subvenciones previstas al Observatorio DESC (240.290 euros), Diomcoop (212.069 euros) o la Asociación Catalana Ingeniería Sin Fronteras (302.500 euros), si bien este año , algunas de estas se han otorgar dentro de la convocatoria ordinaria de Justicia Global, estas entidades tendrían que presentarse a las convocatorias públicas para garantizar el principio de concurrencia pública y la igualdad de oportunidades, o bien participar en los procesos de licitación municipal de contratación de servicios”.
“Debe tenerse presente siempre que lo que se está justificando es el pago, con cargo a las arcas públicas, de elevadas cantidades de dinero a las mismas sociedades o asociaciones en las que trabajaban los mismos responsables municipales concedentes, y que para asegurar la transferencia de fondos, lo hacen mediante la figura de adjudicación directa”, afirman los denunciantes.
La conclusión es clara: “Aparentemente, a través de DESC podría llegar a haberse conformado un conglomerado de entidades de similar afinidad ideológica y partidista cuyos representantes y miembros directivos de la Asociación pasaron a formar parte del Ayuntamiento de Barcelona, adquiriendo las mismas personas que estaban al frente de la asociación responsabilidades públicas y de gobierno. Estas conclusiones y observaciones pueden ser de aplicación en otras subvenciones y convenios firmados con las entidades amigas o afines ideológicamente a Ada Colau y al gobierno municipal de Barcelona en Comú”. De ahí que se califique de opaca la actuación municipal y que pueda haber un evidente perjuicio para las arcas públicas, bajo la figura de posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y tráfico de influencias.
*Pueden leer el reportaje íntegro en la edición de esta semana de la revista EL TRIANGLE
