Un juez investiga a Romeva y exaltos cargos de la Generalitat por un presunto desvío de fondos

Subvenciones y contrataciones por un millón de euros, bajo la lupa a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas sobre la internacionalización del 'procés'

Romeva, Puigdemont y Junqueras
Romeva, Puigdemont y Junqueras

El Juzgado de Instrucción número 18 Barcelona investiga si el exconsejero de Exteriores Raül Romeva y nueve altos cargos de la Generalitat cometieron un delito de malversación de fondos públicos para internacionalizar el procés a través de contrataciones irregulares.

El caso tiene su origen en una querella de la Fiscalía planteada a partir de un informe del Tribunal de Cuentas de 2019, por la presunta comisión de delitos de prevaricación y falsedad documental, además de malversación.

La titular del Juzgado 18 investiga a Romeva, el ex secretario del Diplocat Albert Royo, el secretario del gobierno catalán, Víctor Cullell, el secretario general de Acción Exterior, Aleix Villatoro, el ex secretario general de Acción Exterior Roger Albinyana, la exdirectora de servicios de Presidencia Teresa Prohias, la exsecretaria general del Diplocat Roser Clavell, el director general de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo Manel Vila, y el secretario general del Deporte y expresidente del Consejo Catalán del Deporte, Gerard Figueras.

La investigación tiene en el punto de mira once contratos y subvenciones vinculados con la internacionalización del procés por un valor de 972.228 euros, otorgados de manera presuntamente arbitraria -a dedo o fraccionados- durante el período 2012-2017.

Entre los contratos y las subvenciones señaladas hay trabajos académicos sobre ámbitos ajenos a las competencias de la Generalitat, como la creación de estructuras de Estado y el acceso de los nuevos estados a organizaciones internacionales, así como la contratación fraccionada para la producción de vídeos promocionales de la consulta del 9 de noviembre de 2014, y una subvención a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR), que la Fiscalía no considera justificada.

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