La Fiscalía provincial de Barcelona ha presentado un recurso de apelación contra la absolución de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, que fueron juzgados por los delitos de malversación, desobediencia y usurpación de funciones públicas.
En su recurso, el Ministerio Pública aduce que no se valoraron correctamente las pruebas, sobre todo las pruebas documentales, y que existe una contradicción entre los hechos considerados probados y la decisión del Juzgado Penal número 11 de Barcelona.
Este juzgado concluyó, el pasado 15 de abril, que no se había probado que Jordi Matas, Tania Verge, Marc Marsal, Josep Pagès y Marta Alsina, que renunciaron como síndicos días antes del 1-O, ejercieran esa función, de manera que los absolvió de la supuesta desobediencia a la advertencia del Tribunal Constitucional.
La decisión sobre el recurso de apelación corresponde a la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía pidió para los síndicos penas de dos años y nueve meses de prisión.
