La consejera catalana de la Presidencia, Meritxell Budó, ha evitado responder si los 440.000 euros que ha pagado TV3 a la productora Mediapro por los 8 documentales de la serie ‘El Juicio’ han salido del fondo covid.
Ante una pregunta formulada por la diputada socialista Beatriz Silva, la consejera de la Presidencia se ha limitado a decir que los medios públicos se fundamentan en la «independencia, la profesionalidad y la pluralidad» y que no es competencia suya ni de su ejecutivo «decidir la programación de TV3 y de Catalunya Ràdio ni mucho menos controlar el contenido de sus programas». Asimismo, ha asegurado que su gobierno garantiza la «libertad de información y la no injerencia política» de la televisión pública catalana.
Por otro lado, Budó ha elogiado la labor que hay detrás de los 8 documentales: «No minimicemos el trabajo que hay detrás de estos documentales. Son 8 documentales que recogen 2 años de investigaciones judiciales y policiales, 2 años de trabajo, 54 sesiones de vista oral en el Tribunal Supremo con más de 400 horas de emisión en directo y más de 30 entrevistas realizadas a todos los implicados en el proceso».
Por su parte, Silva le ha recordado que anteriormente ya se había desviado «una partida de fondos covid» a TV3 y que los 8 documentales no responden a la «pluralidad informativa» a que se deben los medios públicos. La diputada del grupo Socialistes-Units per Avançar ha destacado, en este sentido, que en el documental emitido el pasado domingo «sólo se dedicaron 8 segundos» a dar voz a personas que discrepaban de la posición de los procesados.
