El Tribunal de Cuentas pasa la factura de la internacionalización del ‘procés’ a Mas, Puigdemont y Junqueras

Reclama a 36 cargos públicos independentistas, bajo amenaza de embargo preventivo, los fondos públicos destinados a la acción exterior

Artur Mas y Carles Puigdemont
Artur Mas y Carles Puigdemont

Artur Mas i Carles Puigdemont - Generalitat de Catalunya

El Tribunal de Cuentas reclama a 36 altos cargos del gobierno catalán, entre los que destacan los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, los recursos económicos públicos destinados por la Generalitat a desplegar su acción exterior durante los años del procés.

Según avanza el diario El Mundo, estos altos cargos, considerados los responsables contables de este gasto por el principal organismo supervisor de la gestión económica pública en España, han sido citados para una audiencia prevista para el próximo 29 de junio, después de que haya concluido la instrucción sobre los hechos reflejados en dictámenes de la Abogacía del Estado y la Fiscalía acerca de los recursos que destinó la Generalitat a la acción exterior.

Entre los altos cargos señalados como responsables contables del gasto figuran, aparte de Mas, Puigdemont y Junqueras, los exconsejeros Francesc Homs, Neus Munté, Jordi Turull, Andreu Mas-Colell y Raül Romeva, así como secretarios generales, interventores y delegados de la Generalitat en el exterior, correspondientes a las embajadas ubicadas en Alemania, Austria, el Reino Unido, Francia, Portugal, los EEUU, Suiza, Italia, Polonia, Dinamarca, Croacia y Bélgica (ante la Unión Europea).

La misma información, que cita fuentes del organismo, añade que el Tribunal de Cuentas no especifica los millones reclamados en este caso, pero sí que se puede proceder al embargo preventivo de bienes de los altos cargos catalanes si estos no depositan los fondos hasta que se cierre el caso, el cual transcurre al margen de la vía de la justicia penal.

Anteriormente, Puigdemont y miembros de su gobierno tuvieron que depositar 4,1 millones de euros reclamados por el Tribunal de Cuentas por la organización de la votación del 1 de octubre del 2017.

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