La narración de los ocho documentales de la serie que Mediapro ha producido sobre el juicio del Tribunal Supremo a los dirigentes independentistas que organizaron el referéndum del 1 de octubre de 2017 y proclamaron la independencia de Catalunya, que TV3 empieza a emitir este domingo, está «hecha desde el punto de vista de los abogados defensores». Así lo ha avanzado la productora de Jaume Roures y Tatxo Benet en la nota de prensa que han publicado en la web de la empresa. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ha pagado 440.000 euros por estos documentales, los dos primeros de los cuales se emitirán en la noche de este domingo 18 de abril. La diputada socialista Beatriz Silva ha entrado una pregunta en la Mesa del Parlament para que la traslade a la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, donde le pide «cómo piensa equilibrar la emisión de estos ocho documentales sobre el 1-O para cumplir la misión de servicio público y defensa del pluralismo que tiene encomendada».
Estos dos primeros capítulos de la serie, que se titula El judici, se verán una semana después de que el programa 30 minuts, de TV3, emitiera el documental Pujol: els secrets d’Andorra. Este documental trata de la fortuna que ocultó a la banca andorrana el clan familiar del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol. La oposición parlamentaria exigía a TV3 que hiciera un documental sobre los negocios de la familia Pujol desde que el ex-presidente confesó, en julio de 2014, que tuvo una fortuna oculta en el extranjero durante 34 años. El director de TV3, Vicent Sanchis, se había negado hasta ahora a programarlo con la excusa de que faltaba la versión del expresidente. Finalmente, en el documental emitido por Sense ficció tiene un protagonismo destacado uno de sus hijos, Josep Pujol. La serie El judici no se emite dentro del 30 minuts. Simplemente, aparece en la parrilla del domingo.
En El judici la voz conductora la pone el actor Jordi Boixaderas y, como explica Mediapro en su comunicado, habla por boca de los abogados de la defensa. En las ocho horas de esta serie sólo aparece una voz de la parte acusadora, el fiscal de la sala segunda del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza. Son «sus primeras y únicas declaraciones referentes al juicio», según los autores de los reportajes. El resto de voces que intervienen son Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, tres de los políticos juzgados, Jody Williams, premio Nobel de la Paz, Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat huido al extranjero para ahorrarse el proceso, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, Roger Torrent, presidente del Parlament, y expertos y juristas como August Gil-Matamala, abogado experto en derechos humanos, José Guevara, miembro del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, Enrique Gimbernat, jurista, Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont y diputado de JxCat en el Parlament, Olga Tubau, abogada penalista, Joaquín Giménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y Anaïs Franquesa, coordinadora de International Trial Watch, entre otros.
Aparte del sesgo que supone plantear la serie desde la óptica de los defensores cuesta ver qué novedades pueden aportar las ocho horas de El judici, sobre todo viendo las preguntas que se plantean los autores en el primero de los capítulos, titulado Qüestions prèvies: ¿quiénes son los procesados y de qué se les acusa? ¿Quién forma las acusaciones y el tribunal? ¿Cuáles serán las estrategias de las defensas?». Preguntas de las que, evidentemente, todo el mundo hace años que conoce las respuestas.
Beatriz Silva pregunta también a la CCMA si ya ha previsto como compensar una serie tan partidista y cuando se emitirán los documentales que lo hagan. Además, quiere saber porqué se han pagado 440.000 euros para adquirirla «aunque el director de TV3 aseguró en la Comisión de Control de la CCMA del Parlament que no había recursos para hacerlo». La diputada socialista se refiere a la intervención en el Parlament en que Sanchis intentó buscar justificaciones ante el escándalo político y mediático que se produjo al saberse que Tatxo Benet quería cobrar 800.000 euros por estos reportajes. Benet se había quejado de que Sanchis le decía que no tenía presupuesto para adquirirlos. Después de una visita del directivo de Mediapro a Albert Castellanos, secretario general del departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, TV3 encontró los 440.000 euros con los que ha comprado los ocho capítulos que se empezarán a ver el domingo. Benet consideraba que su emisión tenía sentido antes de las elecciones al Parlament del 14 de febrero para poder influir en su resultado. Las elecciones ya han pasado pero no se descarta que se repitan pronto y Benet y Mediapro logren así el efecto electoral al que aspiraban con El judici.