El hecho de que un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en España haya mencionado el caso de los dirigentes del procés presos ha sido destacado por medios y figuras partidarias de la independencia.
Por ejemplo, el exvicepresidente del Parlamento catalán Josep Costa ha comentado en Twitter que EEUU recoge «la existencia de presos políticos en España y las peticiones de la ONU de liberarlos».
En realidad, como muestra el mismo párrafo que adjunta Costa en Twitter, el documento se limita a exponer, entre otros casos, que el pasado mes de julio «el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU reiteró su recomendación de que se liberaran a siete de los nueve presos catalanes pro-independencia, encarcelados por sedición por el Tribunal Supremo por su rol en el «referéndum» de 2017 sobre la independencia de Cataluña».
Aparte de referirse a la votación del 1-O como un referéndum entre comillas, este párrafo publicado por el Departamento de Estado norteamericano finaliza diciendo que «representantes de varios partidos políticos nacionales catalanes los llaman «presos políticos», pero ni el gobierno ni ninguna ONG internacional dedicada a los derechos humanos apoyaron esta afirmación».
Antes, eso sí, el documento recoge la preocupación de un relator especial de la ONU en cuanto a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, y la situación de lo que consideró «la minoría catalana», pero el Departamento de Estado refleja que el tratamiento de los hablantes de la lengua catalana como una minoría fue descartado. Además, el texto se hace eco de que Amnistía Internacional criticó que el Supremo, a su juicio, hizo una interpretación demasiado extensiva del delito de sedición, que considera que dio lugar a la «criminalización de actos de protesta».
