El próximo 14 de abril finaliza el plazo para que las empresas españolas, independientemente de su tamaño, dispongan de un registro salarial por sexos de su plantilla. Según ha recordado eldiario.es, incumplir esta normativa está estipulado como una infracción laboral grave, que puede suponer una sanción de hasta 6.250 euros. Asimismo, la detección de una discriminación puede implicar una multa de hasta 187.515 euros.
El objetivo de la medida es garantizar la igualdad salarial y revertir las posibles discriminaciones entre hombres y mujeres en las empresas españolas.