La Abogacía del Estado, a diferencia de la Fiscalía, ha evitado posicionarse a favor o en contra de la concesión de indultos a los dirigentes del procés encarcelados en el escrito que ha remitido al Tribunal Supremo. En este sentido, ha aducido que no le corresponde a la Abogacía, sino sólo al gobierno español, pronunciarse sobre los indultos.
No obstante, ha señalado que el «perjuicio económico» causado por el referéndum independentista del 1-O ya ha sido reparado. La Abogacía ha comunicado al Supremo que actúa como parte ofendida, representando a la Hacienda Pública por el perjuicio causado por el 1-O a la Administración General del Estado, de la que indica que forman parte «tanto el órgano que formulará la propuesta de indulto «, en referencia al Ministerio de Justicia, como» el órgano que debe acordarlo», el gobierno español.
En cuanto a la reparación del perjuicio económico, informa al Supremo de que la cantidad está «garantizada», apoyándose en un informe del Tribunal de Cuentas. La liquidación provisional por los gastos y los pagos que se vinculan al 1-O es de 4,1 millones de euros.
El informe de la Abogacía del Estado, centrado sólo en las condenas por malversación de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, se conoce después de que la Fiscalía emitiera su informe, contrario a la concesión de medidas de gracia a los dirigentes del procés presos, ya que no apreciaba la existencia de «razones de justicia, equidad o utilidad pública».
