La confiscación, el 10 de marzo del 2015, de la Banca Privada de Andorra (BPA) provocó un terremoto en el país de los Pirineos. Seis años después, los efectos de aquel seísmo financiero todavía se continúan haciendo sentir, ahora potenciados por el dramático impacto que tiene la pandemia de la covid-19 en los valles del Valira, donde el turismo, su principal fuente de ingresos, ha desaparecido.
Como se ha ido demostrando, la operación contra la BPA fue impulsada por las “cloacas” del Estado español, en complicidad con el Gobierno de Andorra, y tenía por objetivo localizar las cuentas que tenían los miembros de la familia Pujol y, presumiblemente, otros dirigentes del proceso independentista, como Artur Mas u Oriol Junqueras. El entonces presidente Mariano Rajoy y su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, creían que si se demostraba la existencia de estas cuentas, el movimiento independentista catalán quedaría descabezado y desprestigiado.
La llamada “guerra de los comisarios” ha puesto al descubierto la existencia de las “cloacas” del ministerio del Interior y su participación directa en la operación para reventar la BPA y conseguir, de este modo, las cuentas de todos sus clientes. El comisario José Manuel Villarejo ha confirmado las denuncias hechas por los ex-accionistas mayoritarios de la BPA y ha dejado constancia de ello en sus “notas informativas” (NI).
“Caza de brujas”
Para justificar la confiscación de la BPA fue imprescindible contar también con la plena participación del fiscal general de Andorra, Alfons Alberca, que a continuación inició una macrocausa judicial contra los directivos y algunos empleados de la BPA. A pesar de que, seis años atrás, el secreto bancario y la evasión fiscal no eran delitos en Andorra, Alfons Alberca emprendió una verdadera “caza de brujas” contra los gestores de este banco para encubrir el verdadero objetivo político de esta operación.
Ahora, un grupo de 15 ex-directivos y ex-trabajadores de la BPA han subscrito un detallado “memorial de agravios” donde se relatan con precisión las numerosas incongruencias y las graves irregularidades que ha cometido el fiscal general, Alfons Alberca.
Este escrito, que ocupa 24 páginas y está acompañado de un denso anexo documental, pone en evidencia y demuestra la deshonestidad y la mala praxis profesional de Alfons Alberca en la instrucción del macrosumario del caso BPA. Estos 15 ex-empleados denuncian que los supuestos delitos por los cuales, a instancias del fiscal general, están imputados por la Batllia (Juzgados) también los cometieron, durante años, otras entidades bancarias del Principado, como Crèdit Andorrà, Andbank y MoraBanc. Pero mientras que ellos se han sido perseguidos de manera implacable y han visto arruinadas sus vidas, ninguno de los empleados ni directivos de estos otros tres bancos nunca han sido acusados por la Fiscalía ni imputados por la Batllia.
En concreto, estos damnificados por el ensañamiento injusto y disparatado de Alfons Alberca relatan, con documentación acreditativa, la existencia de 20 casos que afectan a Crèdit Andorrà, Andbank y MoraBanc donde se demuestra que hacían, exactamente, las mismas prácticas bancarias que la BPA. En todos estos casos, que el fiscal general conoce perfectamente, Alfons Alberca ha hecho el avestruz y ha escondido la cabeza bajo tierra para no emprender ninguna medida contra los responsables de estas tres entidades financieras, en un escándalo de presunta prevaricación sin precedentes en los anales de la justicia andorrana.
La mayoría de estos 20 casos hacen referencia a las causas Gao Ping, Lava Jato-Odebrecht y PDVSA, instruidas en España, Brasil, Perú, Panamá, los Estados Unidos y Venezuela, que constituyen el grueso del macrosumario contra los ex-directivos y ex-trabajadores de la BPA que, bajo el impulso de la Fiscalía andorrana, está tramitando la Batllia. En total, hay 26 empleados de la BPA imputados, pero no se ha abierto ninguna diligencia por las implicaciones de directivos y trabajadores de Crèdit Andorrà, Andbank y MoraBanc.
Según manifiestan estos 15 ex-empleados de la BPA, “la Fiscalía ha mantenido una postura proactiva contra empleados, gestores y directivos de BPA y, a menudo, ha hecho la vista gorda, mostrando pasividad e inacción, ante hechos idénticos o similares o prácticas realizadas por terceras personas ajenas a la entidad bancaria BPA. Esta diferencia de trato a un grupo de personas (empleados de BPA) en relación con otras personas en situación análoga o comparable es discriminatoria porque no reposa sobre ninguna base objetiva ni razonada. […] Esta manera de hacer, a nuestro entender y dicho sea en términos de defensa, hace tambalear el principio de seguridad jurídica, de legalidad, de unidad de actuación y de igualdad de todas las personas ante la ley que proclama el artículo 6.1 de la Constitución”.
Situación injusta y discriminatoria
En este documento, los ex-empleados de la BPA afirman: “El deber de diligencia de los gestores y empleados de las entidades financieras se impone a todos los gestores y empleados, independientemente de la entidad de que se trate, en aplicación del principio de igualdad ante la ley, mayormente la ley penal. Si determinadas actuaciones, comportamientos u omisiones de algunas personas son, o pueden ser, constitutivos de ilicitud, negligencia o incuria (quizás causadas por engaño de los mismos clientes), también lo tienen que ser para otras personas que han sido autores o han colaborado en actos, comportamientos u omisiones iguales o similares. De lo contrario, aquello que no merece persecución ni investigación para unos, tampoco lo merece para otros. La situación actual, para todos los abajo firmantes, es paradójica, injusta y discriminatoria”.
Este “memorial de agravios” contra la actuación de Alfons Alberca se ha hecho llegar a los dos representantes de los copríncipes; al jefe del Gobierno, Xavier Espot; al presidente del Consejo Superior de Justicia, Enric Casadevall; al jefe de la UIFAnd, Carles Fiñana, y a los representantes de todos los grupos políticos del Consejo General (Parlamento).
