El Consejo de Ministros ha decidido que no renovará las concesiones privadas para los servicios de autopistas que expiran el próximo 31 de agosto y ya ha autorizado este martes la licitación de cinco contratos para la conservación y explotación de la AP-2 y la AP-7 en Cataluña. Esto significa que, a partir de ese momento, será el Estado quien se haga cargo y el mismo Ministerio de Transportes contratará los servicios de conservación y explotación para los cinco sectores de las vías que hay en Cataluña por un valor conjunto de 541 millones de euros.
La principal consecuencia es que quedarán liberados los peajes actuales de los tramos afectados, y las vías podrían pasar a ser de uso gratuito a partir del mismo día 1 de septiembre si la nueva administración no pone un sistema de pago adicional. En total, las autopistas de peaje de la AP-2 y la AP-7 suman 375 kilómetros, que serán gestionados por el Ministerio dirigido por el socialista José Luis Ábalos.
Los sectores que salen a licitación son en Girona (tramo La Jonquera – Vidreres de la AP-7 con las áreas de servicio de La Jonquera, Empordà y Gironès), en Tarragona (tramos de la AP-2 con el área de servicio de Montblanc y la AP-7 con las de Penedès, Mèdol y Alt Camp) y en Lleida (tramo de la AP-2 desde el límite con Huesca hasta el límite con la demarcación de Tarragona y las áreas de Lleida y Garrigues). También dos sectores más en Barcelona de la AP-7, uno que incluye las áreas de servicio de La Selva, Montseny y Vallés y otro que incluye la B-30 y las áreas de servicio de Bellaterra y Porta de Barcelona.