Preacuerdo ‘indepe’ para proteger a los diputados encausados hasta el veredicto

Los partidos independentistas debaten el acuerdo que favorecería a los investigados, que podrían ejercer hasta sentencia firme

Sobre la mesa de la negociación abierta entre ERC, Junts y la CUP para formar gobierno, está la situación de los diputados independentistas investigados por la justicia o bien pendientes de juicio por causas vinculadas al procés. Elsa Artadi, portavoz de la formación, aseguró tras la reunión de la ejecutiva del partido, que existe un «preacuerdo» para un «decálogo» pensado para reformar el reglamento del Parlamento ante los casos susceptibles de estallar esta legislatura. Junts recuerda el precedente de Quim Torra, que perdió el acta de diputado cuando aún no había sido inhabilitado en firme por el Tribunal Supremo.

Hay bastantes casos sobre la mesa. Por ejemplo, Roger Torrent, ex presidente del Parlamento, y Eusebi Campdepadrós, secretario de la mesa en la anterior legislatura; Meritxell Serret, exconsellera, que acaba de regresar de Bruselas, o el ex consejero Lluís Puig, que continúa en Bruselas; Pau Juvillà, miembro de la mesa y representante de la CUP, o Dolores Sabater, jefe de filas de los anticapitalistas; Lluís Salvadó y Josep Maria Jové, de ERC.

También está el caso de Laura Borràs, la nueva presidenta de la cámara. Está investigada por el Tribunal Supremo por un presunto caso de fraccionamiento de contratos mientras era directora de la Institución de las Letras Catalanas (TC).

El «límite» que consta en este preacuerdo, según ha determinado Artadi, es la sentencia «firme». Introducir estas modificaciones incluidas en el decálogo que negocian Junts, ERC y la CUP pasa por una reforma del reglamento del Parlamento. «Hasta ese momento, la presunción de inocencia se debe preservar», apuntó Artadi.

Lo que está en el centro del debate es, en concreto, el artículo 25.4 del reglamento del Parlamento: «En los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la mesa del Parlamento, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento, acordará la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata. Si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, hay el dictamen de la comisión del Estatuto de los diputados».

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