La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y miembros de su anterior equipo de gobierno, entre ellos el actual secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, han sido denunciados por la asociación Abogados Catalanas por la Constitución por la presunta comisión de delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
La Fiscalía ha comenzado a investigar a raíz de esta denuncia si el gobierno de Colau, durante el anterior mandato, concedió irregularmente subvenciones a entidades como el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) e Ingenieros sin Fronteras (ESF), por un total de 3,4 millones de euros.
La denuncia de Abogados Catalanas por la Constitución relaciona a Colau y a miembros de su equipo de gobierno con las entidades perceptoras de subvenciones, ya que muchos trabajaron en ellas, y con patrones presuntamente delictivos de los que dice que «puede inferirse la presunta vía irregular de financiación» del partido.
