Andorra vive una doble crisis y una doble contradicción. De un lado, es, en proporción al número de habitantes, el país del mundo más golpeado por el impacto de la covid-19 y, en este sentido, el aislamiento fronterizo sería el mejor remedio para impedir la alta reproducción y mortandad de la enfermedad. Con 113 muertos, más de 11.000 infectados y una tasa de casi 150.000 casos por millón de habitantes, se ha convertido en una ‘bomba’ de covid-19.
Pero, por el otro, su dependencia total del turismo para hacer funcionar la economía del país hace que necesite, como el aire que respira, que las fronteras estén abiertas y lleguen masivamente los visitantes extranjeros, especialmente los españoles y los franceses, y más en plena temporada de esquí.
Hay un tercer factor añadido que lo complica: los 1.500 transfronterizos que habitan en la zona del Alt Urgell y que suben cada día a trabajar a Andorra. Y, viceversa, los miles de andorranos que bajan a comprar al Mercadona de la Seu d’Urgell, puesto que, al tener el derecho al retorno del IVA, les resulta comparativamente más barato proveerse aquí que en su país.
Este tráfico permanente entre Andorra y el Alt Urgell hace que la covid-19 haya arraigado con fuerza en estos dos territorios y, dada la fuerte incidencia que tiene la pandemia, parece que el virus circula y se retroalimenta intensamente por los valles de la Valira y del Segre, a ambos lados de la frontera. Consciente de esta situación, el departamento de Salud de la Generalitat ha decidido mantener cerrada hasta el 9 de abril, incluida la Semana Santa, la circulación entre el resto de Cataluña y Andorra.
Es decir, los automovilistas de toda Cataluña pueden ir al Alt Urgell, pero no pueden pasar a Andorra; y los andorranos pueden bajar al Alt Urgell, pero no ir más allá.
A efectos sanitarios, la Generalitat ha asimilado Andorra con la comarca del Alt Urgell. Esta situación ha provocado una gran irritación en el Gobierno de Andorra, que preside Xavier Espot (foto), que considera que el país es rehén y víctima de la errática política de la consejería de Alba Vergés y del Procicat.
Por su parte, desde las filas de la oposición andorrana también se critica duramente la débil acción del Gobierno. El Partido Socialdemócrata (PS) y Socialdemocracia y Progreso (SDP) consideran que la interlocución del ejecutivo para tratar sobre las medidas preventivas de la covid-19 y la movilidad se tiene que hacer de Estado a Estado, con el Gobierno español, y no con la Generalitat, a quien acusan de tener una actitud hostil hacia Andorra.
