Los videos del juicio del 1-O que la CCMA ha comprado a Mediapro por 440.000 euros, en vía muerta

Vicent Sanchis ha dejado en un cajón los ocho reportajes que Tatxo Benet le quería vender por 800.000 euros y no hay ninguna previsión sobre cuándo se podrían emitir

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) firmó un contrato con Mediaproduccion SLU el pasado 23 de diciembre por el que adquirió, según consta en el Espacio del Proveedor y Cliente de este organismo, los «derechos de antena de El judici, serie documental de ocho capítulos «por 440.000 euros. «El importe incluye 40.000 euros de intercambio», se señala en la descripción del acuerdo sin dar detalles sobre en qué consiste este intercambio. La duración de este acuerdo es de 10 años. El tipo de contrato se tipifica como «Gastos». El mismo día, la CCMA y Mediaproduccion SLU firmaron otro contrato por la cesión de derechos de antena de la película Competencia oficial, realizada por esta productora. Estos derechos de antena han costado 120.000 euros más a la CCMA.

El 14 de enero, este Espacio del Proveedor y el Cliente publicó una «adenda del pacto primero del contrato El Judici«, que se presenta como un «acuerdo marco» por un importe de 0 euros y del que tampoco se ha facilitado información. En este caso, la duración es de «9 años y 12 meses», curiosa manera de hablar de 10 años.

Ni la CCMA ni TV3 han anunciado cuándo y con qué periodicidad se emitirán estos ocho capítulos realizados por la productora que dirigen Jaume Roures y Tatxo Benet. Benet intentó venderlos a la televisión pública de la Generalitat por 800.000 euros, tal y como quedó al descubierto al filtrarse a los medios una conversación telefónica que mantuvo con David Madí, mano derecha de Artur Mas, cuando fue presidente de la Generalitat y bien relacionado con la esfera del poder en la administración pública catalana. Madí está siendo investigado a raíz de la operación Volov, sobre blanqueo de capitales y financiación pública ilegal de los gastos ocasionados en el extranjero por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros políticos vinculados al proceso independentista. Es a raíz de esta investigación judicial que se intervino el teléfono de Madí y se conoció el contenido de su conversación con Tatxo Benet.

En esta conversación, Benet le dijo a Madí que había hablado con la presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios audovisuales (CCMA), Núria Llorach, y con el director de TV3, Vicent Sanchis. Y que recurrió a Llorach «para bordear a Sanchis, porque yo sabía que era él el que estaba poniendo problemas». El directivo de Mediapro se lamentó de que Sanchis le dijo hasta diez veces que era imposible que le comprara los documentales por 800.000 euros. «El problema es que no tengo dinero, no tengo presupuesto», le contestó. «¿Con quién quieres que hable?», le pidió entonces Benet, y Sanchis le contestó que lo hiciera con el vicepresidente del govern y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès.

Tatxo Benet se entrevistó entonces con el secretario general del departamento dirigido por Aragonès, Albert Castellanos, que le atendió muy bien, en palabras del directivo de Mediapro. Una opción que propuso Castellanos era incluir los 800.000 euros en los 6 millones que el Departamento de Cultura acababa de dar a TV3 para promover la producción audiovisual catalana. De esta cantidad, Mediapro ha recibido 2,15 millones para la producción de la serie L’última nit del karaoke que no tiene nada que ver con los documentales procesistas.

La Asociación de Productores de Documentales, Pro-Docs, que agrupa las principales empresas de este sector en Catalunya, mostró su disgusto por las informaciones sobre la voluntad de Mediapro de vender los documentales a TV3 utilizando sus influencias políticas. En un artículo titulado «Se vende serie a 800.000», publicado en su web, difundieron un comunicado donde lamentaban que «estos últimos días ha corrido como la pólvora un audio donde un directivo de una empresa maniobraba para intentar vender una serie documental a Televisió de Catalunya. No es propósito de este escrito entrar en la ética de estas acciones. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Habrá quien encuentre lícito emplear la red de contactos políticos para colocar obras y quién lo considerará totalmente inmoral. Lo que para nosotros es realmente relevante del audio, lo que pone de manifiesto, es el desamparo de la producción de documentales en Catalunya por parte de quien ha de ser el principal motor: Televisió de Catalunya». Televisió de Catalunya acabó comprando los ocho capítulos de El judici por 440.000 euros. El problema es que ahora no sabe qué hacer con ellos.

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