Ante los medios y la opinión pública, el nuevo presidente del FC Barcelona aparece como un personaje poderoso e inmensamente popular, influyente y capaz de mover, como en las elecciones, a miles de socios que le han votado ciegamente por su carisma y, sobre todo, por el recuerdo de una época dorada que ha prometido restaurar y revivir.
Pero ese pasado brillante también incluye, desde el punto de vista de su credibilidad financiera, enormes sombras, dudas y una sentencia del Tribunal Supremo, firme, por no haber presentado en su momento el aval correspondiente al segundo mandato. También, como es notorio y sabido, cerró su último mandato con 47,6 millones de euros de pérdidas, motivo por el cual ese saldo negativo fue objeto de una acción de responsabilidad.
En el informe que, obligadamente, los presuntos avalistas han de elaborar sobre Joan Laporta debe incluirse que, desde hace ya algún tiempo, su propio despacho profesional no se encuentra operativo porque el Registro Mercantil ha cancelado su actividad jurídica consecuencia de no haber presentado las cuentas desde hace años. Lo mismo ocurre en otras 11 de las 15 sociedades en las que aparece como administrador, apoderado o socio, que también están fuera de la circulación.
No sería, por tanto, el mejor palmarés financiero para solicitar, como líder, un aval de 124 millones que, además, encierra un riesgo enorme de acabar siendo ejecutado si se tiene en cuenta la situación económica del FC Barcelona que ya prevé cerrar el primer ejercicio, 2020-21, con unas pérdidas superiores a los 200 millones de euros.
Un panorama, en su conjunto, poco alentador si además se tiene en cuenta que hoy en día las exigencias del sector financiero en cuanto a garantías son extremas. Laporta trata parcelar el aval en forma de mini-avales intentando que, por ejemplo, el propio piso donde tiene su residencia actual, en la zona alta de la Diagonal sea parte de la garantía exigida por el futuro avalista.
Pero se trata de un piso sobre el que pesa una orden de demolición parcial por exceder parte del techo y en altura de la edificabilidad autorizada y no sirve. Otro problema que añadir al hecho de que los grandes bancos catalanes, CaixaBank y Sabadell no están mostrando demasiado interés en liderar ese aval.
En otros tiempos, ser presidente del FC Barcelona habría aligerado y facilitado las gestiones. Hoy, sin embargo, no parece tan sencillo. Al contrario, con el añadido de que los trámites y el papeleo forman parte de la nueva maquinaria pesada de las finanzas.
Laporta dispone de diez días desde la proclamación como candidatura ganadora para presentar el aval formalmente ante la Liga de Fútbol Profesional, que necesita también un plazo prudente para analizarlo y comunicarle a la Comisión Gestora que el aval es correcto.
De lo contrario, el día 18, Carles Tusquets se vería obligado a convocar de nuevo las elecciones, un hecho que en cualquier caso no le impediría a Joan Laporta presentarse, eso sí con el hándicap de haber quedado ante los socios como alguien demostradamente sin credibilidad financiera.
Aún es pronto, pero la sensación de que Laporta esperaba a ser presidente para llamar a la puerta de los bancos parece confirmada. Una estrategia de riesgo en las circunstancias actuales. Lo prueba que uno de sus consultores legales, Albert Canal, se haya referido en las últimas horas a la posibilidad de solicitar una prórroga de esos diez días que exigen los estatutos. Fuentes del club consideran imposible y del todo impugnable esta petición.
