JxCat debe quedar fuera del próximo Gobierno de la Generalitat

Los violentos incidentes registrados estos días en algunas ciudades de Cataluña a raíz del ingreso en prisión del activista y rapero Pablo Hasél son un síntoma más de la grave enfermedad que sufre, desde hace años, nuestra sociedad: la hipocresía política y la perversión del lenguaje.

Nominalmente, estos disturbios -que han degenerado en el asalto a comercios y en la destrucción de vehículos y de mobiliario urbano- se han justificado en defensa de la libertad de expresión, reconocida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 20 de la Constitución española. Los periodistas, y bien que lo hemos pagado con nuestra piel, somos los depositarios y los garantes de este derecho fundamental. Solo hay que leer, año tras año, los duros informes de la ONG Reporteros sin Fronteras para tomar conciencia de ello.

Pues bien, una de las múltiples condenas que arrastra el “angelito” Pablo Hasél es, precisamente, por la agresión gratuita en 2016 a un periodista de la delegación en Lleida de TV3, mientras estaba haciendo su trabajo. Y a sus comandos “solidarios” les ha faltado tiempo para atacar la sede de la redacción de El Periódico, en la calle Consejo de Ciento de Barcelona.

Lo más chocante e indignante de estas noches de fuego que hemos revivido es la “comprensión” que el mundo de Junts x Catalunya (JxCat) ha mostrado hacia Pablo Hasél y, por extensión, con los brotes de violencia que ha desatado su detención. Hasta el punto de desautorizar a los Mossos d’Esquadra, que dirige el consejero de Interior, Miquel Sàmper ¡miembro de JxCat!

Ni Pablo Hasél es un “apóstol” de la libertad de expresión ni tampoco lo es Carles Puigdemont, que intenta sacar rédito político de las condenas contra este revolucionario de salón, hijo de una de las familias más ricas de Lleida, y de su “protegido” Valtonyc. El principal enemigo de la libertad de expresión que ha tenido y tiene Cataluña ha sido el pujolismo y su actual derivada orgánica, el puigdemontismo.

En su anterior etapa como periodista y editor, Carles Puigdemont sobresalió en la asquerosa tarea de “pescar” subvenciones públicas, fundamentalmente de instituciones de la órbita de CiU, para impulsar y mantener sus medios de comunicación . No hay nada más antitético a la libertad de expresión que el sometimiento a los intereses de un partido político a cambio de recibir montañas de dinero. Gracias a esto se pudo comprar su chalé en el campo de golf de Sant Julià de Ramis.

El pacto PSC-JxCat a la Diputación de Barcelona tiene dos claves que lo explican: la colocación de Marcela Topor, su mujer, en la TV de esta institución (6.000 euros al mes) y el mantenimiento del diario puigdemontista, El Nacional, con un millón de euros en el año (!), que cobra, camuflados, a través de la Xarxa Audiovisual Local (XAL).

De manera grosera, el portal de transparencia de este organismo de la Diputación, que se ha convertido en un “fondo de reptiles” controlado por las cloacas de JxCat, está mudo desde hace un año. Eso sí que constituye un atentado contra la libertad de información, y más cuando se está derrochando dinero público de manera absolutamente irresponsable. ¡Queremos saber!

La nueva Cataluña no nacerá quemando las calles y asaltando comercios. La nueva Cataluña la tenemos que empezar desde los cimientos: con una administración sólida, rigurosa y seria. Con interventores que puedan ejercer libremente su función, organismos de fiscalización, transparencia y un control exhaustivo del gasto público, para que no se escape ni un euro en corruptelas.

Da vértigo, en este sentido, entrar en la página web de la Sindicatura de Cuentas, la institución que tiene que velar por la buena administración de la Generalitat, de los ayuntamientos, de las diputaciones y de los consejos comarcales. Dos de los últimos informes que ha publicado hacen referencia a la Diputación de Lleida y al Consorcio de Salud y Social de Cataluña: el rosario de irregularidades y chanchullos que se han detectado provocan indignación y vergüenza. ¿Cómo es posible que, más de 40 años después de la recuperación de la democracia, nuestras administraciones funcionen de una manera tan opaca, corrupta y deficiente?

Es obvio que los mecanismos de control en Cataluña faltan y fallan de manera estrepitosa. Empezando por la misma Sindicatura de Cuentas, donde todos sus representantes, por culpa de la inoperancia del Parlamento, tienen su cargo caducado desde hace años. En otros organismos importantes de la Generalitat, como el Síndic de Greuges o la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, pasa exactamente lo mismo.

No es solo el vandalismo y la degradación de la convivencia en la calle lo que nos tiene que escandalizar. Este estado absolutamente deplorable en el cual ha caído Cataluña es consecuencia directa del vandalismo y la degradación que reina en nuestra clase política y en las instituciones ante la inoperancia y desprecio de los controles y de la vigilancia que tienen que mantener y garantizar la buena salud de la democracia.

El pujolismo ha hecho mucho daño al país y todavía hoy sufrimos sus consecuencias. La “omertà” mediática y el debilitamiento deliberado de los contrapoderes, en el nombre supremo de la “nación catalana”, nos ha llevado a la actual devastación social e institucional. Si queremos salvar y regenerar Cataluña es imprescindible que JxCat, los herederos de esta nefasta perversión de la democracia, sean excluidos del próximo Gobierno de la Generalitat.

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