Vanessa Mendoza reclama a la Fiscalía andorrana que archive su caso porque “pensar diferente es un derecho”

Amnistía Internacional carga contra el gobierno de Andorra por "la represalia" contra la presidenta de la Asociación Stop Violencia

Poco más de una hora ha durado la declaración de la presidenta de la Asociación Stop Violencias, Vanessa Mendoza, ante la Batllia, por la denuncia presentada por el Gobierno andorrano a la Fiscalía por sus manifestaciones sobre el aborto ante al comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas, Comité CEDAW, en Ginebra el octubre del 2019.

En la salida de la sede de la Justicia andorrana, Mendoza ha explicado sentirse “legitimada y protegida” y reclama que el caso se archive “porque si no, ¿cómo avanzamos en derechos?”, añadiendo que “disentir y pensar diferente es un derecho”. Mendoza ha agradecido las muestras de apoyo que tiene internacionalmente, poniendo de relieve que su lucha no es personal “sino a favor de todas las mujeres”.

El activista, que tiene que responder a las acusaciones de calumnias, difamación y de atentar contra el prestigio de las instituciones andorranas, ha contado con el apoyo de una quincena de personas que se han concentrado durante toda la mañana en el edificio judicial, reivindicando a la vez los derechos al aborto y a la libertad de expresión, y rechazando las represalias.

Antes de entrar, los congregados han leído un manifiesto donde se aseguraba que “nos gritan a declarar a todos” porque la presidenta de la entidad feminista “representa todo el pueblo andorrano”. A la vegada, se ha advertido que “el resto del mundo mira aquellos lugares donde se vulneran los derechos humanos”.

Hay que recordar que Mendoza denunció que en Andorra el aborto está prohibido y definió varias anomalías que el Gobierno tildó de calumnias y de difamación, hecho por el cual lo trasladaron a la fiscalía, quien consideró como indicios de delito, afrontándose apenas de hasta cuatro años de prisión y una multa de 30.000 euros. Hoy por hoy el caso está en fase de instrucción y el siguiente paso es saber si continúa o bien se archiva.

Apoyo de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha hecho este martes una declaración pública para instar a la Fiscalía a retirar los cargos contra la presidenta de la Asociación Stop Violencias. Según el documento publicado, la organización asegura estar “profundamente preocupada por los cargos de difamación” contra quien considera “una defensora de los derechos humanos”.

Ante esta situación el organismo que lucha por los derechos humanos asegura está preocupada porque la activista “sea criminalizada por el simple hecho de llevar a cabo su legítima tarea como defensora de los derechos humanos”. Así, apuntan, “el uso de leyes de difamación por parte de las autoridades andorranas contra ella vulnera su derecho a la libertad de expresión y podría ser una medida en represalia por sus acciones de defensa de los derechos de las mujeres y las niñas y en defensa de la despenalización del aborto en Andorra”.

Es por eso que piden a la Fiscalía porque retire los cargos y señalan que “las autoridades andorranas tendrían que abstenerse de presentar cargos penales adicionales o de tomar medidas administrativas” contra Mendoza derivadas de su “tarea de defensa de los derechos humanos”.

Por este motivo también piden en el gobierno andorrano a “tomar medidas para garantizar que Vanessa Mendoza otras personas defensoras de los derechos humanos puedan llevar a cabo su legítima tarea […] sin represalias ni intimidaciones”. Finalmente, concluyen que con estas acciones “las autoridades se arriesgan a crear un efecto paralizante hacia otros representantes de la sociedad civil que podrían abstenerse de compartir información, expresar preocupaciones y llevar a cabo su legítima y vital trabajo por una mayor protección de los derechos humanos”.

Por otro lado, recomiendan a las autoridades andorranas que en lugar de utilizar las disposiciones vigentes del Código Penal para evitar que Mendoza u otras personas expresen libremente sus opiniones, “despenalicen la difamación y deroguen o enmienden sustancialmente todos los artículos problemáticos que constituyen restricciones al derecho a la libertad de expresión y que son contrarios a la legislación internacional sobre derechos humanos.

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