La Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) registró el pasado lunes 21 de enero una carta dirigida al presidente del Parlament y a todos los grupos parlamentarios en la que reclama que se haga una auditoría independiente que analice la gestión que ha hecho el Gobierno de la Generalitat de esta prestación. Esta auditoría se pide porque el colectivo que impulsó la ley que regula la RGC y que recogió más de 120.000 firmas ha constatado «la pésima gestión» en su aplicación por parte de la dirección general de Economía Social, el Tercer sector y las Cooperativas del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, que dirige Chakir El Homrani.
El calificativo de «pésima» referida a la gestión de esta renta de ciudadanía la basan sus impulsores en que la tasa de cobertura de la población con privación material severa que tendría derecho a ella es sólo del 32%. Es decir, que sólo reciben la RGC una de cada tres personas que se deberían beneficiar de ella Esta tasa no llega, según denuncian, ni al 10% entre la población en riesgo de pobreza. Además, consideran que la pandemia ha agravado la situación de pobreza y exclusión social en Cataluña, lo que hace más urgente que nunca una buena gestión de la RGC.
El departamento de El Homrani calcula que actualmente hay unos 140.000 beneficiarios de esta prestación. A partir de junio, los ciudadanos pueden pedir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación aprobada por el gobierno español. Este ingreso oscila entre los 461,50 euros y los 1.015 euros mensuales en función de si el beneficiario es una sola persona o un grupo familiar de hasta cinco o más miembros. La Renta Garantizada tiene unos umbrales superiores. Oscila entre los 664 euros y los 1.028 euros y puede complementar el IMV.
Por otra parte, la Alianza de Mareas y Movimientos Sociales, que incluye entidades como la Marea Blanca, la Coordinadora de Residencias 5+1, la Alianza contra la Pobreza Energética, la Coordinadora de asambleas de trabajadores/as en paro de Catalunya, la Marea Pensionista de Catalunya-COESPE o la propia Comisión Promotora de la ILP de la Renta Garantizada de Ciudadanía, ha hecho llegar una encuesta a los partidos que se presentan a las elecciones del 14 de febrero planteándoles sus reivindicaciones. Entre estas reivindicaciones está la realización de la auditoría de la gestión de la RGC. También piden que se revisen todas las resoluciones denegatorias de la prestación, que se actualice su cálculo a partir de un Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) actualizado y que se mejoren algunos aspectos de la ley que la regula para facilitar el acceso a muchas personas a las que actualmente se les deniega.
