La Generalitat no tiene intención ni de elaborar un nuevo decreto ni fijar otra fecha electoral. Su intención es defender «hasta el final» que las elecciones deben celebrarse el 30 de mayo. Todo ello a la espera de cuál es la decisión final del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. «Las elecciones se han de poder hacer sin miedo», ha asegurado la consellera de Justicia, Ester Capella, que ha subrayado que el Ejecutivo ha «pospuesto» y no «anulado» los comicios como lo hicieron el País Vasco y Galicia el año pasado en plena pandemia y que, por tanto, el decreto debe ser considerado válido.
Las alegaciones presentadas sostienen que el decreto para retrasar los comicios está fundamentado en tres informes sobre la evolución epidemiológica, los efectos sobre la calidad democrática y el marco jurídico, ha insistido Capella. No hay, por tanto, ninguna intención de elaborar otro decreto para corregir las posibles lagunas hasta que el TSJC se pronuncie. Llegado el momento, precisó Capella, se valorará qué hacer en caso de que el tribunal mantenga de forma definitiva el 14-F tras analizar la argumentación. Sí ha asegurado que no se negociará una nueva fecha porque la del 30 de mayo ya fue validada por la mayoría de los partidos, a excepción del PSC.
Capella ha cifrado en 30 millones el coste que supone para la Generalitat poner en marcha el proceso electoral y ha advirtido que el voto por correo empieza a contar desde el 25 de enero, con lo que si finalmente las elecciones no son el 14-F habría unos 100.000 votos que podrían terminar «a la basura».
«El calendario es incierto y la campaña puede quedar interrumpida y que se haga campaña por nada. Llamamos al sentido común», ha insistido la consellera, que ha detallado que la finalidad del Govern es «proteger la salud» y que se blinde la «calidad democrática» de las elecciones.
