El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a Bernat Solé, el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia del gobierno catalán, a una pena de un año de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y a pagar 16.800 euros de multa por su papel en la organización del 1-O como alcalde de Agramunt.
La sentencia, que considera al consejero culpable de un delito de desobediencia grave, puede ser objeto de recurso y no conlleva que Solé tenga que abandonar inmediatamente el cargo, que asumió en marzo de 2020 en sustitución de Alfred Bosch.
El TSJC concluye que Solé tuvo un conocimiento «personal y directo» de las resoluciones con las que el Tribunal Constitucional (TC) advirtió a los responsables públicos catalanes que podían cometer un delito de desobediencia si aplicaban las llamadas leyes de ruptura, aprobadas los días 6 y 7 de septiembre de 2017, y suspendidas -y, posteriormente, declaradas inconstitucionales- por el propio TC.
Además, la sentencia atribuye al que fue alcalde de Agramunt una participación «activa y decidida» en el desarrollo de aquella votación, así como la asunción de «responsabilidades logísticas».