El 28 de julio de 2009, un año antes de finalizar su mandato, Joan Laporta cerró con el Ayuntamiento de Barcelona un convenio marcado, como el de Viladecans, por las prisas, la especulación, la ruina y el embuste por no hablar de la pérdida de un enorme patrimonio del club sin el permiso de la asamblea.
Aunque en aquel momento, el PSC gobernaba a nivel municipal bajo el poder del alcalde Jordi Hereu, el Barça consiguió que, sorprendentemente, el grupo de CiU con Xavier Trias al frente, y el grupo de ERC aceptaran la peor de las condiciones -para el Barça- de su histórica pretensión de renovar el Camp Nou y potenciar y dar valor a sus terrenos urbanos, todavía hoy de una magnitud y potencial excepcionales.
Fue el resultado de una oscura y misteriosa negociación sobre la que se proyectaron intereses especulativos e inmobiliarios llenos de sombras y de enigmas. De otro modo no se hubiera llevado con tanto secreto un destrozo urbanístico en el los vecinos de Les Corts fueron ignorados y desagraviados. Los mismos vecinos que Laporta había convertido en sus cómplices para luchar contra el proyecto Barça 2000 de Josep Lluís Núñez, de mucho menor impacto y de mejoras vecinales sustanciales.
Nueve años después Joan Laporta no sólo los aplastaba bajo un zapatazo municipal totalitario e inaceptable para el barrio, sino que también ignoraba a sus propios socios del FC Barcelona. Laporta llegó a firmar le regalo de la práctica totalidad de sus terrenos de Les Corts sin que ese acuerdo pasar ni siquiera por la asamblea de socios.
Joan Laporta y Jordi Hereu convocaron finalmente a la prensa, casi por sorpresa, para suscribir un convenio desastroso que se vendió como la promesa de transformación del territorio azulgrana de Les Corts y el cálculo de que con las rentas de los pisos que se iban a construir en el Miniestadi deberían sufragarse el proyecto Foster y un nuevo Palau Blaugrana.
Fruto del acuerdo, el Barça conseguía 78.000 m2 techo para vivienda libre, 4.000 m2 de uso comercial y terciario y 15.000m2 para construir un hotel.
A cambio, la directiva azulgrana cedía 52.000 m2 de techo destinado a pisos protegidos, la construcción de un centro cívico para el barrio, el coste de la urbanización de la totalidad del suelo afectado por la modificación del Pla General Metropolità y de las calles del Campus Sud, así como el depósito de 30 millones de euros con los que la administración respondería, si era preciso con expropiaciones, de las 7,06 hectáreas que se perdían de equipamiento deportivo de Les Corts para reubicarlas en el término municipal de Montcada i Reixach.
Se compensaba de este modo la superficie de equipamiento deportivo en el ámbito del área metropolitana de Barcelona.
El acuerdo desató el conflicto con las asociaciones vecinales, que siguieron manifestando su total oposición por considerar el traslado del equipamiento como un ‘truco’ socialmente inaceptable.
El barrio incorporaba, según el informe municipal, zonas verdes, una escuela, un instituto, un centro pre-escolar, un CAP, una residencia para mayores, un centro de día y un pabellón con piscina, además de un número aproximado de más de un millar de viviendas de cuyo número total no menos del 50% serán pisos protegidos.
Así lo acordaron previamente a la presentación que hicieron el alcalde de Barcelona y el presidente del FC Barcelona con los tres grupos municipales PSC, CIU y ERC que dieron luz verde política al proyecto. Tanto PP como Iniciativa, que era socio del Govern, no suscribieron el pacto.
Pero las cuentas no le salían al Barça con los precios más o menos definidos y el presupuesto inicial del proyecto Foster (240 millones), lo que costaba entonces un nuevo Palau (72 millones), los gastos de urbanización (5 millones) y el coste de los terrenos de Montcada (30 millones. Según el propio director general Joan Oliver la plusvalía de la operación de Les Corts se cifraba en unos 150 o 200 millones, eso después de invertir 80 millones mínimo en la preparación de los terrenos, las contraprestaciones con el barrio y eso, como se pretendía, sin invertir lo que hiciera falta como promotor para obtener un mayor beneficio de lo que sin duda era un ‘pelotazo’ a beneficio no se sabía de quién. El socio, el Barça, los vecinos y la ciudad seguro que no. Les Corts no habría podido digerir un millar más de familias, mucho menos con las pocas infraestructuras sociales contempladas.
El proyecto y la MPGM siguieron adelante hasta su aprobación definitiva poco antes de 2010. La siguiente junta presidida por Sandro Rosell consiguió frenar esa monstruosidad tejida entre el FC Barcelona, PSC, CiU y ERC.
