El vicepresidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, se ha visto obligado a promulgar un decreto-ley por la vía urgente para modificar una ley que había sido aprobada por el Parlamento catalán y uno de cuyos artículos el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) había olvidado publicar.
El pasado pleno del Parlamento catalán del 17 y el 18 de diciembre discutió y aprobó una de las pocas leyes de esta legislatura. Concretamente, se trata de la ley que crea las áreas de promoción económica urbana, conocidas en la jerga comercial como las apeus.
La ley entró en vigor el 22 de diciembre, cuando fue publicada en el DOGC, pero resulta que contenía un grave error: se habían olvidado de dejar claro, tal como se había votado, que el procedimiento para delimitar estas áreas corresponde a los ayuntamientos.
Esta ley, de la que fue ponente por parte de Junts per Catalunya Elsa Artadi, es muy esperada por numerosas organizaciones comerciales, ya que prevé la dinamización del comercio tradicional.
Ante este olvido, Aragonés, utilizando sus funciones de presidente interino de la Generalitat, se ha visto obligado a promulgar un decreto-ley, medida sólo prevista para urgencias, que modifica la ley aprobada por el Parlamento. En el texto se explica que se debe utilizar este mecanismo ante la «imposibilidad» de utilizar el procedimiento parlamentario, dado que el Parlamento quedó disuelto en sus funciones legislativas, y sólo mantiene prerrogativas de control.
Mientras que es habitual la corrección de errores, no lo es que haya que modificar por urgencia una ley. El texto del decreto esgrime que hubo una enmienda «no pretendida» aprobada a última hora, y que ésta no fue incorporada de forma correcta.
En cambio, hay quien ve desidia en los servicios jurídicos del gobierno catalán, que son los responsables de llevar el texto final, porque estarían más centrados en otros aspectos de carácter más político que en su trabajo.
