La consejera catalana de la Presidencia, Meritxell Budó, ha afirmado que el gobierno catalán «no comparte» la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que suspende cautelarmente y de manera provisional el decreto que suspendía las elecciones autonómicas para el 14 de febrero, y ha asegurado que la decisión de «posponer» los comicios respondía a un criterio sanitario y epidemiológico que sigue «plenamente vigente.»
En una comparecencia de prensa, Budó ha subrayado que la decisión de «suspender» las elecciones del 14-F tiene «una sólida base jurídica» y ha dicho que la defenderán durante las alegaciones que el jueves presentará la Generalitat ante el TSJC. Asimismo, ha reclamado al tribunal la «máxima celeridad» para resolver todos los recursos presentados.
Por otra parte, la también portavoz del ejecutivo catalán ha informado de que se han reactivado «todos los procedimientos de manera inmediata» para garantizar el derecho a voto si los comicios se deben celebrar el 14 de febrero. En una línea similar, el consejero catalán de Asuntos Exteriores y Participación, Bernat Solé, ha explicado que el gobierno ha reactivado «temporalmente» y por «responsabilidad» todo el dispositivo electoral a la espera de lo que decida finalmente el TSJC. «Lo tenemos todo preparado», ha recalcado.
