Cataluña continúa instalada en la dimensión desconocida. Desde los traumáticos plenos del Parlamento del 6 y 7 de septiembre del 2017, nuestra vida institucional es un despropósito y un caos permanente. Esta larga e insufrible agonía, que ha coincidido, además, con los terribles efectos sanitarios y económicos de la covid-19, parece que se prolongará, de momento, cuatro meses más: hasta el 30 de mayo, que es la nueva fecha anunciada para las elecciones autonómicas que se tenían que celebrar este próximo 14-F.
Con el Parlamento disuelto, el Gobierno de la Generalitat tiene por delante cuatro meses en los cuales podrá hacer y deshacer, sin el preceptivo control democrático de los grupos de la oposición. La profundísima división que existe entre los dos socios que forman el consejo ejecutivo -JxCat y ERC- ha convertido a la Generalitat, de facto, en un reino de taifas, donde cada partido va por libre y tiene la mirada puesta en conseguir en las urnas la mayoría del voto independentista.
Este escenario de interinidad, de guerra intestina y de falta de fiscalización externa es propicio para que se produzca un saqueo sin precedentes de las arcas de la Generalitat por parte de los dos partidos que tienen la capacidad y la posibilidad de hacerlo. Desde el año 1980, la administración de nuestra institución de autogobierno ha sido, mandara quien mandara, un “cachondeo” de mala gestión y de derroche de los recursos públicos. Ahora corremos el riesgo de llegar al súmum de este mal endémico.
Es uno de los graves problemas estructurales que arrastra Cataluña, iniciado con la presidencia de Jordi Pujol y que sus sucesores no han sido capaces de parar ni de enmendar: el uso y abuso de las subvenciones y de los contratos discrecionales para crear una legión de estómagos agradecidos y unos fétidos circuitos de corrupción. Esta práctica es especialmente grave en el ámbito de los creadores de opinión y de los medios de comunicación, que se han convertido de manera mayoritaria en meros instrumentos partidistas y sectarios. Su tarea de fiscalización como cuarto poder está, en el caso de Cataluña, absolutamente manipulada y pervertida.
La sociedad catalana está más indefensa que nunca para evitar que, durante estos cuatro meses sin control, los dos partidos en el Gobierno los aprovechen para perpetrar un robo escandaloso y a gran escala de los recursos presupuestarios. Por eso, apelo desde aquí a la conciencia y a la humanidad de sus dirigentes para suplicarles que no lo hagan y que se concentren en gestionar y administrar de manera muy meticulosa el dinero público para destinarlo a combatir los azotes de la pandemia y de la pobreza.
El independentismo está en estado de pánico. Se ha extendido la certeza que en las próximas elecciones los partidos procesistas recibirán un fuerte voto de castigo. Convergència (JxCat) y ERC tienen las riendas del poder de la Generalitat en solitario desde el año 2012. Estos últimos ocho años han sido catastróficos para Cataluña y la respuesta dada a la covid-19, que ya ha provocado más de 18.000 muertos, es un desconcierto permanente.
Hay que decir que el hecho que los partidos independentistas obtengan unos malos resultados en las urnas y que se abra la posibilidad de una alternativa de gobierno en la Generalitat no es, per se, ningún drama. La alternancia es la esencia de la democracia y, desgraciadamente, esta lección básica todavía no la hemos aprendido en Cataluña, donde el nacionalismo ha patrimonializado el poder en exclusiva durante 33 años de los 40 que hace de las primeras elecciones al Parlamento.
Derrotar electoralmente al independentismo es posible y, además, es necesario e higiénico. Esto se tiene que decir y se tiene que hacer con una sonrisa en la cara, sin acritud ni revanchismo. Ya ha quedado demostrado que la DUI ha sido un grandísimo error y un desastre que hemos pagado carísimo todos los catalanes, seamos o no independentistas. El rechazo rotundo del Parlamento europeo a aceptar el derecho de autodeterminación de las regiones en el marco comunitario tendría que hacer recapacitar a los partidarios acérrimos de la secesión y obligarles a aceptar este “baño de realidad”.
Las instituciones son de todos y nos representan a todos. La legislatura comenzada el 21 de diciembre del 2017 ya hace muchos meses que está agotada y la razón impone que las elecciones para escoger al nuevo Parlamento se tienen que celebrar cuanto antes mejor. La fecha del 14-F era una temeridad, atendiendo al fuerte rebrote de la pandemia después de las fiestas de Navidad y de fin de año. Pero posponerlas hasta el 30 de mayo significa que, yendo bien, no tendremos un nuevo gobierno hasta el próximo mes de septiembre. Es un tiempo preciosísimo que no podemos volver a derrochar, y más en la expectativa de la llegada de los fondos europeos para la reconstrucción de los estragos económicos provocados por la covid-19.
Si aman Cataluña tanto como dicen, los dos partidos independentistas que gobiernan la Generalitat tendrían que tener muy presente la situación de angustia y de precariedad extrema que vive la sociedad catalana y la necesidad urgente que tenemos todos de contar con certezas y referentes. En primer lugar, la existencia de un gobierno sólido y solvente, sometido a control parlamentario, que pueda ejercer plenamente sus funciones, cosa que ahora no pasa.
En este contexto excepcional, la voluntad de JxCat y ERC tendría que ser la de convocar las elecciones al Parlamento en el momento en que la pandemia nos abra una ventana de oportunidad para poder hacerlo en unas condiciones razonables de seguridad sanitaria. La sensación que la fecha del 30 de mayo ha sido escogida por los independentistas en clave de tacticismo electoral, esperando que el candidato socialista, Salvador Illa, quede mientras tanto erosionado por su gestión como ministro de Sanidad, es inevitable y resulta de lo más inquietante.
En ninguna parte está escrito que la Generalitat solo pueda estar gobernada por las fuerzas nacionalistas/independentistas. Marta Ferrusola describió su estado de ánimo cuando Pasqual Maragall fue escogido en 2003 presidente de la Generalitat: “Es como si nos hubieran entrado a robar en casa”, dijo. Detrás de la decisión de JxCat y ERC de posponer las elecciones hasta el 30 de mayo parece que existe esta misma pulsión, antítesis de la esencia de la democracia. También el apoyo de Ciudadanos, PP y Catalunya en Comú-Podem a este aplazamiento tiene todo la pinta de maniobra electoralista para perjudicar al PSC.
Elecciones el 14-F, no. Pero tampoco el 30 de mayo. ¿Por qué no el mes de marzo?
