La Sección Tercera de la Audiencia Nacional decidirá el próximo 22 de enero si acepta o descarta la solicitud de los abogados de la familia Pujol para que anule el auto del juez José de la Mata que propone procesar a sus miembros por los delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental y contra la Hacienda pública. Es la última oportunidad que tienen Jordi Pujol, su esposa, Marta Ferrusola, sus siete hijos y las otras 18 personas investigadas en este proceso para ahorrarse un juicio que les puede conllevar largas penas de prisión.
La defensa de la familia Pujol afirma que no está acreditado, como asume De la Mata, que la fortuna de que disponía, escondida a la Hacienda española durante más de veinte años, procedía de una fuente distinta a la que adujo Pujol en su confesión del verano de 2014. El 25 de agosto de ese año, el ex-presidente de la Generalitat difundió un comunicado donde reconocía que había escondido aquella fortuna pero argumentó que no procedía de actuaciones delictivas sino de una donación realizada de su padre, Florenci Pujol.
Las investigaciones del juez De la Mata, sin embargo, apuntan a que el clan Pujol creó una organización criminal que aprovechó la posición privilegiada y la ascendencia en la vida política, social y económica del ex-presidente durante décadas para acumular un patrimonio desmesurado relacionado con actividades corruptas. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular de Podemos se oponen a la pretensión de nulidad planteada por los abogados de los Pujol. Podemos pide hasta 20 años de prisión para el ex-presidente y hasta 60 años para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola.
