Administrar los recursos de empresas privadas, instituciones públicas y particulares, requiere estimar los ingresos que pueden obtenerse y los gastos que se deberán de hacer, para alcanzar los fines previamente propuestos. Generalmente: beneficios particulares en la empresa privada y el bien común de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Los ingresos que obtiene una empresa privada por lo que vende, suelen estar directamente relacionado con lo que gasta en producirlo. En la administración pública, excepto tasas y contribuciones, lo que se ingresa y lo que se gasta no tiene una relación directa, por eso su tratamiento debe de hacerse por separado, intentando el equilibrio.
Los PGE 21 son expansivos. Suspenden la regla de gasto y se acogen a la emisión de la deuda común europea. Aumentan el gasto un 33% para favorecer al ciudadano y al sistema productivo. Son la antítesis de los que abordaron las crisis anteriores con austeridad, con beneficio del sistema financiero. De la UE provienen 27.000 m€. La mitad irá a las comunidades autónomas y algo a los ayuntamientos. Dos tercios será para empresas viables, afectadas por la crisis, con el propósito de facilitarles la modernización, la digitalización y la economía verde. El otro tercio irá a fortalecer el estado de bienestar: sanidad, educación y servicios sociales (becas, vacunas, dependencia, desempleo). Se mantiene el poder adquisitivo de las pensiones y el sueldo de los funcionarios. También se incrementa moderadamente la inversión pública y en I+D+I.
Los impuestos sufren pequeños ajustes fiscales que afectan a menos del 1%, más alguno verde. La necesaria reforma fiscal para obtener un sistema justo, adecuadamente redistributivo y que evite agravios comparativos, queda aplazada hasta una ocasión más propicia. El aumento de la deuda es necesario para remontar la crisis ocasionada por la pandemia.
Los presupuestos, tanto en su estructura como en su formulación, suelen ser un instrumento insuficiente para la acción. Según la ideología del gobierno, habilitan centenares de millones de euros con poca especificación. Establecen en qué pueden gastarse sin concretar lo que tiene que hacerse. Es un documento formal y contable, pero inútil como instrumento de dirección política y menos aún de control, excepto para los que están en lo profundo de las cifras. Es necesario que las partidas consignadas respondan o se transformen en una realidad de proyectos y programas de actuación de los servicios gestores, centrales, territoriales, autonómicos, locales e incluso particulares, con la suficiente concreción para dar soluciones articuladas y encaminadas a conseguir los fines públicos definidos. Para que se pueda perseguir el después, el resultado producido y obtener una retroinformación que sirva para general conocimiento y para la nueva toma de decisiones.
Mejorar la gestión precisa eliminar vicios como el clientelismo, el servilismo, el secretismo y la autocomplacencia. Cambiar las relaciones de sometimiento de la infraestructura, en la que estamos la mayoría de los ciudadanos, frente a la superestructura que ocupa la clase político-burocrática. Aplicar sistemas más propios del contexto europeo en el que nos vamos insertando, para construir una gestión diferente, más preparada, más ágil, con más diálogo, menos rutinaria, que tenga más en consideración el gran potencial humano de que se dispone en beneficio de la sociedad, con exclusión expresa de los parásitos. Con procesos técnicos predefinidos.
La gestión pública y la privada son diferentes. Si la privada obtiene malos resultados económicos los dueños adoptarán medidas correctivas. ¿Se le requerirán rendimientos pecuniarios a un hospital público en su lucha contra la pandemia? ¿Se protestará si los bomberos no tienen nada que hacer, solo estar en forma con buenos medios?
Cuando en una administración pública se presume de resultados económico-financieros pretendidamente brillantes, se está encubriendo una más que notable ineficacia e ineficiencia. El beneficio público es el bienestar de la ciudadanía con reducción de costes, sin perjuicio de la calidad, la seguridad y las condiciones laborales.
